Defensoría del Pueblo advierte sobre incumplimientos en la atención en salud en Vichada
La Defensoría del Pueblo alertó sobre los incumplimientos de la Nueva EPS y la EPS Mallamas en la prestación de servicios de salud en el departamento de Vichada. De acuerdo con la entidad, estas fallas han derivado en la vulneración de derechos fundamentales de comunidades indígenas, población migrante y habitantes rurales.
La advertencia se produjo durante una reunión de la red de controladores convocada por la Superintendencia Nacional de Salud, en la que participaron la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, el gobernador de Vichada y los alcaldes de Cumaribo, Santa Rosalía, Puerto Carreño y La Primavera. Allí se expuso que la falta de pago a las IPS ha afectado los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes, al tiempo que se presentan dificultades en la dispensación de medicamentos y una limitada capacidad de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, sin presencia en municipios como Santa Rosalía y Cumaribo.
En la reunión también se reportaron deficiencias en la infraestructura rural de centros de salud ubicados en Santa Rita, Guerima, El Viento, El Sejal, Siare, Nueva Antioquia, Guacacias y La Venturosa. Además, se advirtió sobre casos de desnutrición infantil en menores de cinco años y el aumento de quejas por falta de oferta de especialistas en la ESE Departamental San Juan de Dios. Según la Defensoría, estas fallas afectan de manera especial a niñas, niños, adolescentes, pueblos indígenas y población migrante, quienes requieren protección reforzada por parte del Estado.
Frente a este panorama, la Defensoría instó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer con mayor rigor sus funciones de inspección, vigilancia y control para que las EPS cumplan los planes de mejora acordados. De igual manera, pidió a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio que operan en el departamento garantizar la entrega continua de medicamentos y la atención integral, incluyendo planes diferenciales para comunidades indígenas y migrantes.
La entidad también solicitó a las autoridades territoriales articularse con Migración Colombia y la Registraduría Nacional para reducir la brecha en la cobertura de aseguramiento, además de habilitar los servicios en los centros de salud rurales y poner en funcionamiento las ambulancias fluviales y terrestres que hoy permanecen en desuso. A los organismos de control les pidió dar prioridad a la vigilancia sobre la atención a la desnutrición infantil, los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes y la entrega oportuna de medicamentos.
La Defensoría del Pueblo reiteró que la salud es un derecho fundamental protegido por la Constitución y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, y recordó que todos los actores del sistema deben cumplir sus responsabilidades para garantizar el acceso efectivo, oportuno y equitativo a la atención médica y a los medicamentos en el departamento.