Fuerzas militares y guerrillas se reparten la minería ilegal de oro en el sur de Venezuela, según Crisis Group
Foto portada: Cortesía Crisis Group.
La minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas (Venezuela) se ha convertido en un motor de violencia, deforestación y enriquecimiento ilícito para militares, guerrillas y grupos criminales, según el informe “La maldición del oro: Minería y violencia en el sur de Venezuela”, publicado por International Crisis Group.
El documento revela que, pese a los operativos oficiales para desmantelar minas ilegales con el argumento de proteger el medio ambiente, las fuerzas armadas venezolanas han terminado explotando directamente los yacimientos o permitiendo que grupos armados continúen con la extracción a cambio de un porcentaje de las ganancias. En algunos casos, los militares instalan delegados para controlar las minas; en otros, negocian con los mineros un “impuesto” del 20 % o compran oro a precios por debajo del mercado.
La expansión de la minería ilegal se ha acelerado en los últimos diez años, impulsada por el alto valor del oro en el mercado internacional y la profunda crisis económica venezolana. Grupos criminales conocidos como “sistemas” y disidencias de las FARC —como el frente Acacio Medina, ahora parte de la Segunda Marquetalia— dominan amplias zonas del sur del país, donde ejercen control territorial mediante extorsiones, violencia y acuerdos tácitos con las fuerzas armadas.
El tráfico de oro también involucra a la frontera con Colombia. Desde ciudades como Inírida, el mineral extraído en territorio venezolano es introducido en el mercado como si proviniera de la minería artesanal colombiana, con ventas blanqueadas en casas de empeño y redes financieras informales antes de llegar a Bogotá, Cali o Medellín.
El impacto ambiental es severo: la minería ilegal afecta casi 30 ríos, incluidos el Orinoco y el Caura, y ha causado la pérdida de más de 22.000 hectáreas dentro de parques nacionales como Caura, Canaima y Yapacana entre 2017 y 2020. La deforestación nacional avanza a un ritmo del 170 % anual, con focos concentrados en el Arco Minero del Orinoco.
Crisis Group advierte que la situación difícilmente cambiará mientras las fuerzas gubernamentales sigan actuando como “otro actor depredador” en lugar de proteger a las comunidades locales y frenar la violencia. Sin embargo, sugiere que el interés reciente del presidente Nicolás Maduro por la conservación ambiental, sumado a su búsqueda de legitimidad tras las elecciones de 2024, podría abrir un margen para que la presión internacional impulse reformas en la región amazónica venezolana.