Comunidades indígenas en Puerto Carreño declaran Minga permanente y exigen presencia del Estado

El Cabildo Indígena Multipueblos El Picacho, junto a comunidades indígenas asentadas en Puerto Carreño, declaró Minga permanente desde las instalaciones de la Alcaldía y la Gobernación del Vichada, como forma de presión frente a lo que califican como una “reiterada omisión del Estado colombiano en garantizar condiciones mínimas de vida digna”.

A través de un comunicado público, el Cabildo explicó que la movilización se mantendrá hasta que el Gobierno nwacional y sus entidades instalen una Mesa de Concertación con poder de decisión en el territorio. La solicitud incluye la participación del Ministerio del Interior como garante del proceso y una invitación a la Comisión Séptima del Senado para verificar directamente la situación en terreno.

Una de las principales exigencias de las comunidades es el acceso a territorio. Actualmente no cuentan con tierras tituladas ni constituidas como resguardo, a pesar de que existen predios con procesos radicados ante la Agencia Nacional de Tierras. Denuncian que no se ha concretado la compra de predios ni la adjudicación de baldíos, lo que impide su estabilidad y pervivencia como pueblos. Por ello, reclaman la puesta en marcha de un plan integral de restitución y reubicación colectiva que contemple el carácter ancestral del territorio, y que conduzca a la constitución de un gran resguardo único. Mientras esto ocurre, solicitan medidas provisionales que les permitan transitar con dignidad hacia una solución definitiva.

En su comunicado, también alertan sobre la precariedad de sus condiciones de vida. Señalan que viven sin acceso a servicios públicos básicos, especialmente agua potable y saneamiento, y exigen una intervención urgente que articule a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Ministerio de Vivienda y a las entidades territoriales, con el fin de garantizar una respuesta coordinada que les permita acceder a condiciones mínimas de subsistencia. En el ámbito educativo, denuncian que los niños y niñas deben caminar largas distancias para poder estudiar, por lo que reclaman la construcción de sedes escolares propias, la formulación del Proyecto Educativo Comunitario del Cabildo y la implementación de un piloto del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), en articulación con el Ministerio de Educación.

La atención en salud también hace parte de sus demandas. Las comunidades solicitan medidas urgentes que garanticen servicios básicos con enfoque intercultural y la puesta en marcha del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI) como piloto en Puerto Carreño. En paralelo, piden brigadas médicas frecuentes, dotación adecuada y presencia institucional constante. En cuanto a la niñez indígena, exigen al ICBF una minuta alimentaria concertada con la comunidad y programas de atención integral diseñados desde una perspectiva de dignidad y pertenencia.

Otro de los temas clave del pliego es la situación de las víctimas. Las comunidades reclaman a la Unidad para las Víctimas la entrega inmediata de las resoluciones derivadas de las declaraciones colectivas realizadas en diciembre de 2024, así como la activación de rutas integrales de reparación. Exigen que la atención se brinde directamente en territorio, en articulación con la Guardia Indígena y sin trámites innecesarios.

Además, solicitan al Estado la implementación de proyectos productivos que garanticen su subsistencia, independientemente de la tenencia formal de la tierra. Proponen que el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural ejecuten iniciativas económicas adaptadas a la realidad de los comuneros. La falta de conectividad también fue mencionada como una barrera estructural, por lo que instan al Ministerio TIC a desplegar soluciones urgentes para garantizar acceso a la información en sus comunidades. En el mismo sentido, pidieron al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de las Culturas activar programas para mujeres, jóvenes e infancia, con enfoque de fortalecimiento cultural, recreación y participación comunitaria.

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El comunicado también lanza fuertes críticas a la Procuraduría General de la Nación. Aseguran que, aunque esa entidad presentó hace tres años una acción de tutela en favor de las comunidades indígenas de Puerto Carreño, no ha adelantado acciones para garantizar el cumplimiento del fallo ni ha regresado al territorio. Por eso, exigen su presencia inmediata, el seguimiento al caso y el inicio de investigaciones que esclarezcan responsabilidades frente a la vulneración de sus derechos.

Finalmente, el Cabildo El Picacho exigió al Ministerio del Interior el registro inmediato de su organización, y rechazó la imposición de un estudio etnológico, argumentando que son una comunidad ancestral que conserva su lengua, usos y costumbres. Consideran que el Ministerio debe asumir su rol como garante de sus derechos y liderar, junto con la comunidad, la construcción participativa del Plan de Vida del Cabildo.

“La Minga no cesará hasta que se inicien acciones concretas y efectivas, y se garantice la presencia de las instituciones del orden nacional en nuestro territorio”, concluye el comunicado. Las comunidades piden a las entidades del Estado que lleguen al territorio con competencias claras, recursos disponibles y voluntad de decisión. Aseguran que no aceptarán más promesas incumplidas ni espacios simbólicos sin capacidad real de respuesta.