[Opinión] Tierra, gobierno propio y esperanza: lo que los pueblos indígenas ganaron en cuatro años

Por: Cesar Mora*

Termina un gobierno y, como siempre, empiezan los balances. Unos miran los indicadores económicos, otros las cifras de seguridad, otros las batallas políticas. Pero yo, que he tenido la oportunidad de caminar estos cuatro años por los ríos, las trochas y las veredas de la Amazonía, que me he sentado con los mayores en sus casas de pensamiento y he escuchado a los jóvenes en sus cabildos, quiero hacer un balance distinto: el de los pueblos indígenas. Porque si hay una población que durante décadas fue invisible para los gobiernos de turno, esa fue la nuestra. Y si hay un gobierno que, con aciertos y errores, nos miró a los ojos y nos reconoció como sujetos políticos, ese ha sido el de Gustavo Petro.

No me refiero a discursos bonitos o a fotos protocolarias. Me refiero a normas concretas, firmadas y en firme, que han transformado la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Normas que no nacieron de la caridad ni del asistencialismo, sino del reconocimiento de derechos que ya estaban escritos en la Constitución pero que ningún gobierno anterior se había atrevido a hacer realidad. Hablo de cuatro instrumentos legales que marcan un antes y un después para comunidades como los curripaco, puinave, sikuani, piapoco y tantos otros que habitan estos territorios.

Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que recordar algo que duele pero es verdad: los gobiernos anteriores nos prometieron mucho y nos cumplieron poco. La Constitución de 1991 decía que los territorios indígenas tendrían autonomía, pero esa palabra se quedó en el papel durante más de treinta años. Llegaban las empresas a sacar recursos sin consultarnos. Llegaban las autoridades ambientales a decirnos qué podíamos hacer o no en nuestras propias tierras. El Estado nos pedía que fuéramos “guardianes de la naturaleza”, pero no nos daba la autoridad para serlo.

Esa contradicción, que los sociólogos llaman reconocimiento simbólico sin empoderamiento material, ha sido la herida histórica de los pueblos indígenas. Nos reconocían en el discurso, pero nos negaban en la práctica. Pues bien, ese es el esquema que empezó a romperse en estos cuatro años.

El 15 de octubre de 2024 se expidió el Decreto 1275, una norma que para muchos pasó desapercibida pero que para nosotros fue como volver a nacer . ¿Qué dice este decreto en palabras sencillas? Que las autoridades indígenas —nuestros cabildos, nuestros consejos, nuestros mayores— ahora tienen competencias ambientales en sus territorios. Eso significa que podemos regular el uso de los recursos naturales, establecer medidas de protección, planificar proyectos y hasta imponer sanciones a quienes dañen nuestra casa común .

Antes, si un forastero llegaba a contaminar un caño o a talar un monte sagrado, había que esperar que la autoridad ambiental —que queda a veces a dos días de viaje— viniera a hacer algo. Ahora, la autoridad somos nosotros. La ley nos dice que podemos velar por la preservación de los recursos naturales según nuestros usos y costumbres . Y esto no es un favor: es el reconocimiento de algo que siempre supimos: nadie cuida mejor el territorio que quien lo habita.

El profesor Humberto Sierra Porto, de la Universidad Externado, lo explicó claramente: estos decretos no son un regalo del gobierno, son un acto de justicia histórica frente a la discriminación estructural, la pobreza y la exclusión política que han sufrido nuestras comunidades. Por fin, la ley se pone del lado de la justicia.

Si el Decreto 1275 nos devolvió la autoridad sobre la naturaleza, el Decreto Ley 480 de 2025 nos devolvió la autoridad sobre algo aún más sagrado: nuestra salud y nuestros cuerpos.

¿Qué hace esta norma? No es un simple papel más. Este decreto establece e implementa el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural – SISPI como la Política de Estado en salud para los pueblos indígenas de Colombia. En palabras sencillas, significa que por fin se reconoce que nuestra forma de sanar —con plantas, con médicos tradicionales, con el acompañamiento espiritual de los mayores— tiene el mismo valor que la medicina occidental. Y más importante aún: nos da la autoridad para administrar los recursos de salud en nuestros territorios, bajo nuestras propias reglas y cosmovisión.

Para nosotros, en Guainía y Vichada, donde el puesto de salud más cercano queda a veces a dos días de viaje y donde los médicos foráneos no hablan nuestra lengua ni entienden nuestras dolencias, esto es un cambio gigantesco. Este decreto, que hace parte del paquete de decretos ley expedidos en 2025, profundiza el régimen especial para el funcionamiento de los territorios indígenas.

¿Qué significa esto en la práctica? Que nuestras autoridades tradicionales recuperan la potestad de decidir cómo cuidar la vida en sus territorios, sin tener que pedir permiso a las alcaldías o gobernaciones que históricamente nos han visto como menores de edad. Para Guainía y Vichada, donde el Estado ha sido más ausente que presente, esto es enorme. Porque durante décadas, los recursos de salud que debían llegar a nuestras comunidades pasaban por manos de políticos que nos usaban como votos y nos devolvían migajas.

Hoy, gracias a este decreto, la ley nos permite administrar directamente los recursos de salud de nuestros territorios, tomar decisiones sobre medicina tradicional y occidental con pertinencia cultural, y diseñar nuestros propios modelos de cuidado sin que un burócrata desde Bogotá nos diga qué está bien o mal.

Los decretos 481 y 488 de 2025 complementan este andamiaje jurídico y cierran dos brechas históricas que ningún gobierno anterior había querido cerrar: la educación con identidad y el reconocimiento pleno de nuestros territorios como entidades políticas.

El Decreto Ley 481 de 2025 establece el Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que por fin los pueblos indígenas tenemos la potestad de diseñar, administrar y evaluar nuestra propia educación, desde el jardín hasta el bachillerato, sin tener que meterla en el molde que el Ministerio de Educación diseñó para los niños de las ciudades. Nuestros hijos podrán aprender matemáticas, sí, pero también aprenderán el nombre de las plantas medicinales, la historia de sus ancestros, la forma correcta de tejer un chinchorro o de navegar un río. Y lo más importante: podrán recibir clases en su propia lengua materna, sin que nadie los obligue a avergonzarse de ella.

Para Vichada y Guainía, donde la deserción escolar es altísima porque los niños llegan a las escuelas a que les hablen en un idioma que no entienden y les enseñen cosas que no tienen nada que ver con su realidad, el SEIP es una esperanza concreta. No más escuelas donde se ve raro a un niño por hablar puinave o curripaco. No más profesores foráneos que duran tres meses y se van porque no aguantan el “atraso” de la selva. Ahora la educación será decidida por las propias comunidades, con sus sabios y sus mayores como maestros.

El Decreto Ley 488 de 2025, por su parte, viene a resolver una deuda aún más antigua: el reconocimiento de las Entidades Territoriales Indígenas – ETI. Este decreto establece el marco legal y los instrumentos de financiación para que los territorios indígenas se conviertan en entidades territoriales con plena autonomía, al mismo nivel que los municipios y los departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que un resguardo indígena podrá tener su propia estructura de gobierno, administrar directamente los recursos que antes pasaban por las alcaldías y gobernaciones, y tomar decisiones sobre su territorio sin que ningún político de turno le ponga condiciones.

En el lenguaje de la sociología, a esto se le llama capacidad de agencia: la posibilidad real de un pueblo para decidir su propio destino. Y eso, que puede sonar abstracto, en la práctica significa muchas cosas concretas. Significa que una comunidad puinave en Guainía puede decidir si un proyecto de extracción entra o no en su territorio, sin que una empresa llegue a imponerse con el aval de una autoridad ambiental que nunca ha pisado la maloca. Significa que un resguardo curripaco puede gestionar directamente un acueducto comunitario, sin esperar la buena voluntad de un alcalde que usa el agua como moneda de cambio por votos. Significa que los jóvenes sikuani en Vichada pueden recibir educación en su propia lengua, sin que nadie los mire feo por hablar como hablaron sus abuelos.

No es un favor. Es un derecho que la Constitución prometió en 1991 y que solo hasta ahora, con estos decretos, empieza a hacerse realidad.

Dicho todo esto, quiero ser claro: nada de esto ha sido perfecto. La implementación de estas normas en territorios como Guainía y Vichada enfrenta obstáculos enormes: la falta de infraestructura, la debilidad institucional, la resistencia de sectores que ven con malos ojos que los indígenas tengamos voz y voto. Pero lo importante es que el marco legal ya está. La herramienta está en nuestras manos. Ahora el reto es usarla, defenderla y exigir que se cumpla.

Y aquí viene la lección más importante para las elecciones que vienen. Estos cuatro años nos han demostrado algo que los pueblos indígenas sabemos por experiencia: los gobiernos no son neutrales. Algunos nos ven como un estorbo, otros como un folclor pintoresco, otros como votos baratos. Pero este gobierno, con todas sus dificultades, nos vio como sujetos de derecho. Y eso, querido lector, no se logra con alcaldes o gobernadores que nos prometen el cielo en campaña y nos olvidan al día siguiente de las elecciones. Se logra con líderes nacionales que incluyen en sus programas el reconocimiento real de los pueblos indígenas.

El sociólogo Boaventura de Sousa Santos habla de la necesidad de una ecología de saberes, donde el conocimiento indígena y el conocimiento occidental dialoguen en pie de igualdad. Eso es precisamente lo que estos decretos intentan construir: un puente entre dos formas de entender el mundo que durante quinientos años estuvieron enfrentadas. Pero ese puente puede derrumbarse si elegimos mal.

En las próximas elecciones, los pueblos indígenas de Guainía y Vichada tenemos que mirar con lupa qué candidatos incluyen en sus propuestas el fortalecimiento de los territorios indígenas, la implementación de estos decretos, la destinación de recursos para los planes de vida. Porque volver atrás, a la época en que nuestras decisiones debían ser validadas por funcionarios que nunca han pisado una maloca, sería un retroceso imperdonable.

No se trata de votar por un partido o por un color. Se trata de votar por quienes nos reconozcan como lo que somos: pueblos con autonomía, con territorio, con lengua, con ley propia. Se trata de no permitir que el camino andado se borre de un plumazo.

He visto en estos años a comunidades que antes vivían con miedo a la autoridad ambiental, hoy organizando sus propias guardias forestales. He visto a jóvenes hoy orgullosos de cantar en curripaco y publicar sus videos en redes sociales. He visto a mujeres indígenas que antes no tenían voz en sus propios cabildos, hoy liderando procesos de protección del territorio. Eso no es casualidad. Es el resultado de un gobierno que decidió poner la ley del lado de los que siempre estuvimos al margen.

Por eso, al cerrar este balance, quiero decir algo que quizás incomoda a algunos: los pueblos indígenas hemos ganado en estos cuatro años. Hemos ganado en derechos, en reconocimiento, en herramientas legales. No todo está resuelto, ni de lejos. Pero el piso sobre el que nos paramos hoy es mucho más firme que aquel en el que estábamos hace cuatro años.

Ahora, la responsabilidad es nuestra. De nuestras comunidades, de nuestros líderes, de nuestras organizaciones. Y por eso quiero compartir con alegría una noticia que me llena de esperanza: el día de ayer, la Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía – ASOCRIGUA  I– hizo pública su decisión de apoyar la fórmula presidencial del Pacto Histórico. Es la voz de un pueblo que ha decidido respaldar a quienes nos devolvieron la dignidad. No es clientelismo: es autonomía y coherencia. También es un llamado a nuestros votos. Porque la historia nos ha enseñado que los derechos no se defienden solos. Hay que elegir bien. Hay que exigir. Hay que movilizarse. El camino está trazado. ASOCRIGUA ya dio el primer paso. Ahora nos toca a cada uno de nosotros no permitir que nadie nos desvíe de él.

*Cesar Mora es Sociólogo, Especialista en Gerencia de Proyectos y candidato a Magíster en Métodos y Técnicas de Investigación Social Aplicada. Con pertenencia al pueblo indígena, su trayectoria profesional se orienta hacia la investigación social aplicada, la formulación de políticas públicas con enfoque diferencial y el trabajo de campo con comunidades indígenas amazónicas. Ha sido coordinador de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Guainía, líder de profesionales sociales del IGAC, y referente regional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.