Comunidades de Cumaribo denuncian un bombardeo en una finca inscrita en sustitución de cultivos
Las comunidades campesinas de la vereda Caño Cadá, en zona rural de Cumaribo (Vichada), denunciaron que el 5 de octubre de 2026, hacia la 1:00 de la tarde, la finca El Retiro fue objeto de un bombardeo que atribuyen, de manera presunta, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). La denuncia está en un pronunciamiento público del 20 de octubre. Lo firman la Asociación de Colonos del Alto Vichada (Asocoavi), presidentes de juntas de acción comunal de la zona y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, una organización de derechos humanos que acompaña a comunidades campesinas de la Orinoquía. El documento está dirigido al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, a la FAC, a los organismos de control y a organismos internacionales.
Según el comunicado, miembros de la comunidad hicieron una verificación en el predio el 14 de octubre, nueve días después de los hechos, y contaron cerca de 48 impactos. De acuerdo con los testimonios y con las fotos y videos recogidos en esa visita, algunos cráteres tendrían unos tres metros de profundidad y entre seis y siete metros de diámetro. Las organizaciones afirman que el ataque destruyó por completo una vivienda y su cocina, y que afectó árboles de aguacate, naranja y chontaduro, un cultivo de maíz y un vivero de cacao. Las fotografías del comunicado muestran cráteres con agua acumulada, árboles derribados y los restos de una estructura de madera y láminas de zinc. En la inspección, según el documento, no se encontraron cadáveres, armas ni material de intendencia. El texto no dice si había personas en la finca en el momento de los hechos ni si hubo heridos.
A los firmantes les preocupa sobre todo que la finca, según su versión, estaba vinculada a un programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. El comunicado sostiene que unos veinte días antes del bombardeo, a mediados de septiembre, funcionarios o técnicos encargados del establecimiento de cacao visitaron el predio. En esas visitas, dicen, quedaron documentados la finca, la vivienda, el recorrido de acceso y los datos de los propietarios. Por eso las organizaciones preguntan cómo se identificó el supuesto objetivo militar, qué información de inteligencia se usó y qué medidas se tomaron para proteger a la población civil y sus bienes.
El pronunciamiento recoge además el testimonio de un campesino que vive con su familia en un predio a entre 800 metros y un kilómetro del sitio. Según su relato, su esposa, que tendría unos ocho meses de embarazo, tuvo una complicación de salud después de las explosiones y se solicitó apoyo para su traslado en ambulancia hacia Cumaribo. El hombre afirma que al regresar a su casa al día siguiente encontró militares en el lugar. Dice que lo retuvieron durante unas tres horas y le quitaron el celular, y que después encontró gallinas muertas, ropa y pertenencias revueltas, víveres en el suelo y que le faltaban unos 2,5 millones de pesos que guardaba en la vivienda. También denuncia que lo amenazaron con quitarle a sus hijos y con capturarlo si no daba información sobre un grupo armado que, según le dijeron, habría pasado por la zona. Las organizaciones piden que se investiguen los hehcos de forma independiente y que se proteja a la mujer gestante, a sus hijos y a quienes hicieron la denuncia.
La operación que no aparece en los balances
Las comunidades dicen que consultaron a autoridades locales y representantes públicos desde que escucharon las explosiones, y que hasta el 20 de octubre no habían recibido una explicación oficial. Por terceros les llegó la versión de que la operación habría estado dirigida contra una fracción de las disidencias conocidas en la región como “Los Mordiscos”. Los habitantes afirman desconocer la presencia de esa estructura en la vereda.
Las organizaciones piden al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, a la FAC, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a la Fiscalía un informe oficial que precise el objetivo de la operación, las unidades que participaron, quién la autorizó, la información que la sustentó y sus resultados. También solicitan una evaluación técnica e independiente de los daños en la vivienda y los cultivos, la investigación de las denuncias de la familia vecina y la verificación del estado de salud de la mujer gestante. Piden además que se revisen los registros del programa de sustitución sobre el predio y que se adopten medidas de protección para Caño Cadá y las veredas cercanas.
“Nuestro propósito no es alimentar la confrontación”, escriben los firmantes. Insisten en que no buscan anticipar conclusiones, sino saber qué pasó.