En Vichada, defensora del pueblo solicita ayuda estatal en salud, servicios públicos, reconocimiento étnico y medio ambiente
El pasado miércoles 7 de octubre, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, visitó a Puerto Carreño, Vichada, donde realizó un recorrido terrestre y sobre el río Orinoco, constatando deficiencias estructurales en el acceso a agua potable, salud, identidad civil y medio ambiente de la capital vichadense. Con la jornada, la funcionaria completó su recorrido por las cuarenta y dos regionales de la institución, tras realizar más de 90 visitas a diferentes territorios de Colombia para consolidar su diagnóstico nacional.
Marín Ortiz recorrió puntos neurálgicos de Puerto Carreño, viajó sobre el río Orinoco, la cuenca del río Bita y observó la bocatoma del acueducto municipal ubicado en Punta de Laja. Ya en terreno, visitó el Hospital San Juan de Dios y se reunió en el Sena Regional Vichada con la comunidad, veedores, líderes indígenas, así como representantes de entidades.
Posteriormente, llegó hasta la ruralidad para visitar el sector del Merey, donde se encuentra el botadero de basura a cielo abierto. Así mismo, se reunió con Fulberto Guevara, gobernador de Vichada, Luis Carlos Álvarez, representante a la Cámara por el departamento, Alam Mora, defensor del pueblo regional, entre otras personalidades del departamento.
En el informe de su recorrido al Vichada, emitido el pasado jueves 8 de octubre a través de la página oficial de la Defensoría del Pueblo, Marín indicó varios aspectos que encontró en estado crítico pues vulneran derechos fundamentales. “Conocimos de primera mano las dificultades que enfrentan para acceder a los derechos fundamentales como el agua potable, la salud, la identidad y un ambiente sano, especialmente para los pueblos indígenas”, dijo.
Riesgo sanitario y ambiental
Uno de los lugares que Marín Ortiz visitó fue el Merey, el sitio de exposición final de residuos sólidos de Puerto Carreño. Allí, la funcionaria constató que “las basuras se depositan a cielo abierto, sin separación adecuada de reciclaje, sin tratamiento de lixiviados y sin las condiciones de manejo que exige la normativa ambiental y sanitaria”, además de añadir que la situación representa un riesgo para la salud de las comunidades vecinas y para la naturaleza
“Nos preocupan especialmente las niñas, niños y adolescentes que ingresan a este lugar junto con personas dedicadas al reciclaje sin condiciones de seguridad ni protección”, destacó Marín Ortiz.
Ante este panorama, la Defensoría recomendó a la Gobernación de Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, Corporinoquia y las empresas operadoras el diseño de un plan de acción urgente concertado con las comunidades. La entidad asumió el compromiso de acompañar las gestiones a nivel nacional para asegurar el apoyo técnico y los recursos económicos necesarios para una solución definitiva.
Desabastecimiento de agua
Frente al tema del agua, la titular de derechos humanos destacó que se evidenciaron fallas severas en la continuidad, cobertura y calidad del servicio de acueducto.
“Múltiples familias reciben el líquido de forma intermitente, insuficiente o dependen de fuentes hídricas sin tratamiento. A esto se suma que la captación en la bocatoma opera sin que los permisos ambientales exigibles estén en funcionamiento”, expresó la defensora del pueblo. Además, solicitó a las autoridades locales y a la empresa prestadora que adopten medidas inmediatas para corregir estas deficiencias.
Así mismo, Marín Ortiz aseguró que, en las comunidades indígenas, las soluciones deben construirse con sus propias autoridades y responder a sus condiciones culturales y territoriales. “Mientras lleguen las soluciones definitivas, deben garantizarse alternativas transitorias de abastecimiento”, expuso.
El panorama ecológico es otra alerta, y fue encendida por la Fundación Omacha a la Defensoría, ya que desde el 2025 a través de sus evaluaciones científicas han detectado trazas de mercurio que afecta la salud de los delfines de río. Ante el argumento, la Defensoría del Pueblo aseguró que hará un estricto seguimiento sobre esta contaminación que es consecuencia directa de la minería ilegal de oro, “como el principal factor de riesgo para el ecosistema del bioma amazónico y la salud de la población”.
Sistema de salud en estado crítico
En visita al Hospital San Juan de Dios, la funcionaria pública aseguró que tanto el recorrido como las conversaciones con las comunidades permitieron conocer las dificultades que enfrenta el sistema de salud en el departamento de Vichada. Además, aseguró que esta es “una de las más graves de todo el país” y que “exige una respuesta urgente”.
De acuerdo con Marín Ortiz, más de 60,000 personas (alrededor del 40% de la población del departamento) no están afiliadas al sistema de salud. En contraste, el promedio de desafiliación en el resto del país es inferior al 3%. A esto se suman dificultades en el transporte de pacientes, el acceso a medicamentos, el funcionamiento de la red de servicios y la infraestructura.
Por ello, la defensora del pueblo sugirió fortalecer la articulación institucional a través de la Supersalud, continuar el trabajo de la red regional de controladores, establecer compromisos vinculantes para garantizar de forma estable la red de referencia y contrarreferencia, los contratos de transporte fluvial, terrestre y aéreo y el acceso a medicamentos para los Vichadenses.
En materia de infraestructura hospitalaria, la defensora declaró la necesidad de hacer seguimiento escrito para la entrega y puesta en funcionamiento de las obras de los hospitales de Cumaribo y Puerto Carreño, “sin dilaciones y con estándares de habilitación”.
Para los puestos de salud de zonas dispersas con transporte para emergencias, Marín Ortiz indicó que Vichada necesita un modelo de atención y financiación diferenciado que reconozca las enormes distancias, la dispersión geográfica, los flujos de población migrante y los derechos étnicos.
Registro civil y reconocimiento ancestral
La defensora nacional finalizó el informe haciendo un reconocimiento al territorio ancestral de pueblos indígenas con historias, lenguas y formas de organización propias, muchos de ellos de carácter binacional que conforman el departamento de Vichada.
Sin embargo, reconoció que los pueblos encuentran barreras para el registro civil de muchas personas indígenas, especialmente niñas, niños y adolescentes. “Esto impide en muchos casos la afiliación del al sistema de salud y al acceso a otros servicios del Estado”, detalló la funcionaria nacional, agregando que acompañaran la realización de brigadas territoriales focalizadas junto con la Registraduría Nacional y con Migración Colombia para avanzar en el registro.
Como acción concreta, la defensora anunció la apertura de la Casa de los Derechos en Cumaribo, un espacio institucional diseñado para fortalecer la presencia en el territorio y optimizar la promoción y protección de los derechos humanos.