“Ya estamos cansados del atropello”: comunidades indígenas denuncian persecución de la Armada en Barrancominas
La rabia contenida estalló en Minitas. Por tercera vez en menos de dos meses, miembros del Batallón de Infantería de Marina N.º 50 interceptaron a pescadores indígenas que regresaban de una jornada tradicional de cacería y pesca en el resguardo Minitas-Mirolindo, municipio de Barrancominas (Guanía). Esta vez, la comunidad no se quedó de brazos cruzados: entró a la base militar para exigir la liberación de dos comuneros y el respeto a sus formas de vida.
“No íbamos a pelear, íbamos a reclamar lo que es nuestro. A mostrar que ese resguardo no es territorio de guerra, es territorio indígena”, relató Wilter Rodríguez, presidente de ASOCAUNIGUVI, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Unión de Indígenas de Guainía y Vichada. “Ya han pasado cuatro casos con este precisamente”, dijo líder indígena a EL MORICHAL. “Nosotros como líderes indígenas ya hemos hecho dos pronunciamientos. Pero la situación sigue empeorando”.
Según Rodríguez, el más reciente hecho ocurrió este sábado 19 de abril cuando dos pescadores-cazadores regresaban a su comunidad con alimentos recolectados para una conferencia cristiana que se celebrará el próximo 24 de abril. A pocos metros del puerto de Minitas, explicó el presidente de ASOCAUNIGUVI, fueron interceptados por una patrulla de la Armada, que les incautó el bote, el motor y la carne transportada, y pretendían judicializarlos por delitos ambientales. “Nos quieren meter a la cárcel por comer lo que siempre hemos comido”, afirmó con indignación.
La comunidad, al ver lo sucedido, decidió ingresar pacíficamente a la base militar ubicada dentro del resguardo para exigir la liberación de sus compañeros y la devolución de sus pertenencias. “No iban a pelear, la intención era mostrar que esa base está en nuestro territorio y que lo que hicieron es injusto. Esa carne era para alimentar a más de cien personas”, afirma.
En varios videos a los que tuvo acceso este medio de comunicación se evidencian los momentos de tensión que se vivieron en el Batallón de la Armada en Barrancominas, debido a la incursión indígena. Pese a que hay reclamos airados de la población indígena, en el altercado no se observa violencia física. En otro registro fílmico, divulgado en redes sociales y en el que se escucha la voz de quién sería un oficial del Batallón de Infantería de Marina N.º 50, el militar cuestiona el accionar de los nativos, asegurando que “trunca un procedimiento legítimo para la incautación de fauna y la posible captura de las personas” involucrada.
Sin embargo, para Wilter, el líder indígena, se trata de un hecho de persecución por parte de las autoridades. “Cada vez que un bote entra al puerto, los infantes de marina están ahí, revisando si traen un mico, una tereca, un pescado. Todo es tratado como un delito. Pero en la zona alta del Guaviare hay minería ilegal y allá no llegan”, denuncia, visiblemente molesto. “Nos persiguen por alimentarnos”.
Este no ha sido un caso aislado. El viernes 18 de abril otros dos comuneros que llegaban de actividades de caza para seguir juntando alimentos para la actividad religiosa de la próxima semana, fueron interceptados por hombres de la Armada mientras arribaban al puerto de la comunidad. Los indígenas alcanzaron a escapar y resguardarse en las casas, mientras sus canoas eran dirigidas aguas abajo, hacia la estación fluvial militar.
Otro hecho similar ocurrió el 7 de marzo, durante una celebración tradicional por el primer ciclo menstrual de una niña. Dos jóvenes que transportaban alimentos fueron capturados por la Armada. Llevaban una escopeta artesanal —una herramienta común en la caza indígena que utiliza balineras de bicicleta como munición— y carne de mico. Aún hoy están bajo detención domiciliaria en su resguardo, imputados por porte de armas y tráfico de fauna.
La situación ha escalado tanto que ASOCAUNIGUVI publicó este viernes un comunicado a la opinión pública, en el que rechaza los hechos y exige respeto por sus prácticas de vida, por sus autoridades y por el derecho a la soberanía alimentaria. “Somos comunidades reconocidas como víctimas del conflicto armado. Hoy vemos cómo nos revictimizan nuevamente, esta vez desde el Estado”, se lee en el documento.
“Los ríos, caños y lagunas de la región son nuestra despensa alimenticia, nuestros espacios de vida. El control armado de estas zonas solo nos ha traído muerte y padecimiento”, expresa el documento.
El comunicado también señala que las acciones militares desconocen la jurisdicción especial indígena consagrada en la Constitución, y exige a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General tomar acciones para evitar que la situación escale aún más.
El trasfondo de esta tensión, explica Rodríguez, es el desconocimiento de la cosmovisión indígena y la criminalización de su subsistencia. “Nosotros no cazamos por lujo. Lo hacemos para comer, para nuestras ceremonias, para alimentar a nuestros hijos. Y lo hacemos de forma sostenible, como lo hemos hecho por siglos”.
El episodio del 19 de abril terminó con la liberación de los dos comuneros, tras la presión de la comunidad que ingresó a la base sin armas ni agresiones, pero con una exigencia clara: respeto. “El mismo capitán dio la orden de soltarlos cuando vio que ya no podían justificar lo que hacían”, asegura Rodríguez.
La Armada Nacional no se ha pronunciado públicamente frente a este hecho. EL MORICHAL contactó a la Fuerza Naval de la Orinoquía para obtener un comentario al respecto, pero al momento de realizar esta publicación no recibimos respuesta.