Restitución de tierras: cuando la legalidad está por encima de los bandidos

Ante el delegado del beneficiario un Juez, miembros de la Fuerza Pública y entidades garantes del proceso, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) hizo la entrega material del predio San Remo, en el departamento del Meta, dentro de un sonado caso de despojo de tierras, que involucró a un presunto narcoparamilitar que llegó a estar incluido en la Lista Clinton.

Los hechos de violencia se remontan al año 2009 cuando, tras enviudar y encontrar dificultades para seguir por su cuenta con la producción agrícola y ganadera del terreno de 327 hectáreas, la solicitante lo arrendó al hombre, de manera verbal, durante un año. Transcurrido el tiempo pactado, la mujer regresó al lugar, encontrando para su sorpresa que las casas de habitación, los corrales y la pesebrera habían sido destruidos. Esto, debido a que allí se halló un pozo petrolero para cuya explotación Ecopetrol adelantaba trabajos en medio de negociaciones con el supuesto dueño, quien en realidad era un simple arrendatario.

Conocida la real propiedad del terreno, la empresa de hidrocarburos se abstuvo del negocio. Fue entonces que el hombre formuló sin éxito ofertas de compra por la tierra a la mujer, pero ella se mostró renuente de llevar a cabo la venta.

Entre los reparos que tuvo para rechazar las propuestas del oferente, estuvo descubrir, a través de medios de comunicación, que aquél integraba nada menos que la llamada Lista Clinton y era, por si fuera poco, presunto testaferro de los narcoparamilitares alias Loco Barrera y Cuchillo, cabecillas del Ejército Revolucionario Antisubversivo Popular de Colombia (ERPAC).

A tal punto llegaron las artimañas usadas por el victimario y sus hombres para que la mujer vendiera el predio, que hacia el año 2012, residiendo la hoy beneficiaria en el extranjero por cuestiones de seguridad, se instauró de manera sorpresiva contra ella una querella policiva por perturbación a la posesión, por medio de la cual, ante su incredulidad, resultó finalmente despojada. Desde ese entonces la propiedad del terreno pasó a manos de quien la asediaba valiéndose, además, de autoridades fraudulentas de la región en ese periodo.

Aferrada a la confianza que entregó al proceso de restitución de tierras, esta valerosa mujer, madre de dos hijas, vio cómo se fue desenmascarando uno a uno los engaños tramados por el hombre y sus nexos con reconocidas organizaciones armadas de la época en la zona en que se ubica el predio.

El proceso dejó a la luz que dicho inmueble fue adquirido por él sin documentación y de manos de dos hombres sujetos de extradición a los Estados Unidos, por comprobarse su participación en actividades de narcotráfico.

“Esta sentencia constituye un logro más para la Unidad de Restitución de Tierras en nombre de todas las víctimas. En este caso logramos hacer justicia con una familia que no solo fue vulnerada en sus derechos, sino que, además, se vio obligada al exilio por la persecución de toda una organización criminal que buscaba, a través de un proceso de despojo, adquirir de manera indebida un bien y beneficiarse así de todo un patrimonio. Se pone además en evidencia que la Unidad cuenta con la capacidad para enfrentarse a opositores de diversa índole. Estamos preparados para perseguir y desarticular las estructuras financieras de estos grupos delincuenciales”, declaró Diana Esmeralda Herrera, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en el Meta.

Con esta decisión, que reintegra su bien a una compatriota que desde la distancia lo creía todo perdido, ya son 3.300 las hectáreas que el proceso de restitución de tierras ha regresado a legítimos dueños que residen fuera del país, aumentando con ello la confianza de los colombianos en esta política.

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