Procuraduría y Defensoría urgen por formalización de los predios de los barrios de invasión en Inírida
La Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Defensoría del Pueblo regional, solicitó a las autoridades departamentales y municipales de Guainía que adopten acciones inmediatas para solucionar la situación de las aproximadamente 1.200 familias que vienen ocupando los predios de propiedad de la Gobernación, por cerca de 10 años, lo que implica la reubicación prioritaria de 412 familias que se encuentran en las rondas de los humedales circundantes.
La petición se hizo durante el comité de seguimiento para la atención de las ocupaciones de hecho existentes en Inírida, en el que participaron el alcalde (e) de esa ciudad, los secretarios municipales y departamentales de Planeación y el director seccional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible, CDA, entre otros.
Son tres los barrios involucrados: Casa Blanca, El Poblado y El Jardín. La historia se remonta a más de una década cuando personas encontraron una solución a su falta de vivienda, invadiendo en gran predio de la Gobernación de Guainía. El febrero de 2023, una resolución emitida por la Alcaldía de Inírida reconoció y legalizó urbanísticamente esos asentamientos humanos, lo que permitió el inicio de obras para brindar servicios públicos como electricidad. Desde ese momento, el entonces gobernador Juan Carlos Iral (2020 – 2023), prometió avanzar en la legalización de los lotes. Pero un año después nada ha ocurrido.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo insistieron en la importancia de definir los criterios de la administración departamental para la adjudicación de los predios, que permitan formalizar a los ocupantes y reubicar a la población que está en la ronda de protección hídrica, así como establecer la forma en que serán entregados.
El Ministerio Público también enfatizó en la necesidad de presentar de manera urgente el proyecto de ordenanza que faculte al gobernador para hacer la transferencia de dominio de los lotes.
Las entidades involucradas se comprometieron a elaborar, antes de terminar el mes de febrero de 2024, el proyecto de ordenanza y un borrador del proyecto de acto administrativo que regule los criterios de inclusión de los beneficiarios, teniendo en cuenta las normas del orden nacional como las establecidas por el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo con sede en el municipio de Inírida, Guainía, aseguraron que seguirán con esta acción preventiva para velar por la garantía de los derechos de esta población.