Por robo en cuenta de la Gobernación de Guainía, Procuraduría formuló pliego de cargos a exfuncionarios
La Procuraduría General de la Nación (PGN) formuló pliego de cargos contra Arturo Alexander Sánchez Escobar, Freddy Duberney Páez Tolosa y Carlos Julio Mora Lizcano, en sus condiciones de secretarios de Gobierno, de Hacienda y tesorero de Guainía, respectivamente, por posibles irregularidades en el aseguramiento de los bienes del departamento.
El ente disciplinario cuestionó la conducta de Sánchez Escobar, quien no habría asegurado adecuadamente los bienes de la entidad territorial por su valor real, específicamente los recursos monetarios que se encontraban en una cuenta de ahorros de la cual se transfirieron fraudulentamente más de 368 millones de pesos, que no pudieron ser recuperados.
Tal como lo registró EL MORICHAL, los hechos ocurrieron en mayo de 2017 cuando desde la cuenta de ahorros de la Gobernación se realizó una transacción fraudulenta por un valor de $368.600.000 depositados en la cuenta de la empresa Sociedad Importadora INCA SAS.
Sin embargo, el robo pudo ser mayor porque ese mismo día se realizaron en total cuatro transacciones desde la cuenta de la Gobernación de Guainía por un poco más de $1.200 millones. Afortunadamente el Banco Agrario, entidad en donde la Gobernación tenía la cuenta, rechazo tres de las transferencias, reintegrando a la cuenta del Guainía $823.240.000
Aunque en su momento, desde la Gobernación de Guainía solicitaron al Banco Agrario el reintegro del dinero de la única transacción que logro ser exitosa, pero este negó tal petición. “La entidad determinó no reintegrar el valor de $368.600.000, ya que en el proceso investigativo se evidenció que las transacciones se realizaron con los usuarios y las claves de uso confidencial, personal e intransferible designadas por las personas autorizadas”, precisa un informe emitido por la Contraloría Departamental en septiembre de 2017.
En esa oportunidad, la Contraloría denunció que la Gobernación de Guainía, no contaba con pólizas para proteger sus recursos ante posibles fraudes, por lo que la probabilidad de no recuperar los recursos, era alta.
En ese sentido, la Procuraduría General encontró que el entonces secretario de Gobierno habría adquirido pólizas fraccionadas por cortos plazos y con una cobertura sustancialmente inferior a los recursos que se manejaban en las cuentas del departamento.
«Se observa que se manejaban recursos en dicha cuenta con un promedio de más de $4.500.000.000, luego asegurar inicialmente por un término de dos meses, con coberturas limitadas y por un valor que no cubre ni un 10% de los recursos que tienen riesgo de perderse, cómo ocurrió posteriormente, vulnera los principios de eficiencia y eficacia”, puntualizó la PGN.
El ministerio público también reprocha la conducta del entonces secretario de Hacienda, quien al parecer no implementó un procedimiento adecuado de pagos virtuales, y no habría supervisado y controlado las actividades relacionadas con el manejo de los dineros depositados en cuentas bancarias.
Por último, el la Procuraduría formuló pliego de cargos a Carlos Julio Mora, quien como tesorero departamental no habría controlado verificado y custodiado los movimientos de cuentas bancarias y habría omitido su deber de verificar y exigir los sistemas de seguridad, amparo de riesgos y pólizas necesarios para salvaguardar los citados recursos.
“Las pruebas recaudadas en esta investigación permiten concluir que las posibles omisiones en las que pudieron incurrir los investigados, desde sus respectivos roles, pudieron dar lugar a la pérdida de los bienes de departamento”, explicó el ministerio público.
La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima.