Por puente de Caño Pato, la Procuraduría abrió investigación contra el gobernador de Guainía
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador Juan Carlos Iral y el representante legal de la firma interventora, por el abandono de la construcción de dos puentes vehiculares en el municipio de Inírida por valor de $16.150 millones, y por el evidente mal estado de la vía Inírida – Caño Pato.
Este contrato, cuya ejecución registra más de un año de retraso, dice la Procuraduría, ha sido denunciado por las comunidades indígenas de la región, debido a sus demoras y por habérselo entregado al cuestionado empresario Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía.
La Procuraduría Regional Guainía inició indagación preliminar el 10 de mayo de 2022.
El ente de control concluyó en su acción disciplinaria, que la conducta del actual gobernador y el exgobernador anterior podrían resultar comprometidas disciplinariamente por presunta omisión administrativa en la obra ejecutada. “El contrato en mención tuvo suspensiones y prórrogas cuyo plazo finalizó el 8 de diciembre de 2022 obteniendo como resultado una obra inconclusa”, aseguró la Procuraduría en ese momento.
Sobre el contrato
Caño Pato está ubicado en medio de la única vía departamental que tiene Guainía, carretera que conecta a la población de Huesito (a orillas del río Inírida) con caño Guamirza (afluente que conecta directamente con el río Guainía), por donde se abastecen de víveres y combustible las comunidades que hacen vida a orillas del rio Guainía (en río Negro en la triple frontera).
Por ese corredor vial se movilizan unas 150 toneladas de carga mensualmente en tractores, y un solo camión acondicionado para la agreste trocha, que tienen una capacidad promedio de tres toneladas. Por el lugar también hay tránsito de pasajeros.
Durante la temporada de lluvias los transportadores tienen que valerse de un planchón para cruzar el caño. Para mejorar y garantizar el tránsito por el lugar, en 2017 el exgobernador Javier Zapata, actualmente condenado a nueve años de prisión por corrupción, gestionó la construcción del puente, cuyo valor es de 15.237 millones de pesos.
El contrato, con fecha de inicio del 5 de junio de 2018, proyectaba estar terminado el 5 de abril de 2020, pero la construcción comenzó apenas en febrero de 2019. Desde entonces ha tenido toda suerte de retrasos y cinco años después su finalización no es del todo clara.
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