Puerto Carreño: La lucha de muchas madres por evitar que sus hijos se conviertan en ‘apátridas’

La cercanía fronteriza con el territorio venezolano y los factores económicos, políticos y sociales del vecino país han generado que, durante los últimos cuatro años un sin número de madres gestantes venezolanas hayan cruzado la frontera para ver nacer a sus hijos en suelo colombiano. También está aquellas que llevan cierto tiempo radicadas de este lado de la frontera, han quedado embarazadas y tenido sus bebés en tierras vichadenses.

Esta situación, según las entidades públicas, ha traído una problemática social y económica para la región, generando dificultades a las familias migrantes a la hora de acceder a ciertos derechos, especialmente para los más pequeños.

Desde el 2019 el gobierno colombiano permite a familias extranjeras que hayan tenido hijos en el territorio nacional, registrarlos en nuestro país. La medida estará vigente hasta agosto de este año y apuntaba a dar nacionalidad a 24.000 niños y niñas de padres venezolanos, nacidos en Colombia desde agosto de 2015.

Sin embargo, EL MORICHAL encontró diferentes historias que dan cuenta de la realidad a la hora de acceder a beneficios como ese.

Kerlys Montoya es una joven madre venezolana que se encuentra radicada en Puerto Carreño desde hace un año, tuvo un parto natural hace seis meses en una finca a las afueras de la capital vichadense. No ha tenido acceso al registro y plena identidad de su niña.

“No le he podido sacar la partida de nacimiento porque me han dicho que es difícil, no tengo conocimiento de qué puedo hacer para que ella tenga su registro de nacimiento. La niña se me enfermado y he tenido problemas en el hospital, no me lo cubre el área de pediatría”, aseguró.

Ante el riesgo de estos niños de convertirse en ‘apátrida’, la personera municipal de Puerto Carreño, Norby Segura, explicó que existen tres grandes barreras que afectan el derecho a la identidad. “La primera barrera es dada por la falta de acceso a recursos tecnológicos para realizar la solicitud de las citas, estas tecnologías que exigen en Puerto Carreño en la Registraduría, esto limita en un 99% el acceso a este derecho por la falta de tecnología”, explica Segura.

La segunda barrera fue definida por la funcionaria como la falta de información de las personas frente a los derechos de sus hijos nacidos en tierra colombiana. “Desconocen que sus hijos pueden ser registrados en Colombia, si nacieron acá. Pero ninguna institución, llámese Hospital, Alcaldía o Registraduría, les proporciona esta información”, dijo.

La tercera y más grande de las barreras, según la funcionaria, es la que padecen las mujeres venezolanas que dan a luz por fuera de los hospitales o los centros de salud. Es decir, en las fincas, asentamientos indígenas, veredas y resguardos. “Son hijos de padres venezolanos que nacen con la ayuda de parteras, y por el simple hecho de no haber nacido en el hospital, les colocan la barrera y no los registran”, precisó.

La personera expuso el caso de una indígena venezolana que, en trabajo de parto, llamó insistentemente a una ambulancia para que la recogiera en su asentamiento (junto al CINER), y no fue posible. “El niño nació en la comunidad y todavía es la hora que no ha sido registrado, ella sigue dando paseo ante las instituciones. Ese niño está en riesgo de apátrida no le han querido solucionar su situación. Así hay muchos”, explica.

Marilys Uribe, otra mujer venezolana, le dijo a EL MORICAL que “mi hija no tiene nacionalidad por ahora, ella nació en diciembre de 2018 en la casa, yo vivo en una invasión, en el hospital no me dieron certificado y no he podido presentar ante la Registraduría a mi hija como ciudadana colombiana, ya no sé qué hacer”.

Aunque las autoridades han hecho esfuerzos por brindar la nacionalidad a los menores, parece no ser suficiente. A mediados de febrero de 2021 la Registraduría y entidades locales realizaron una campaña de identificación en un resguardo indígena de Puerto Carreño, pero muchos se quedaron sin registrar. “Fueron 147 que quedaron sin registrar, precisamente por alegar que son hijos de padres venezolanos y que no contaban con el certificado de nacido vivo que genera el hospital, pese a que se les informaba que habían nacido en ese resguardo, no fue posible ese registro, entonces, hemos elevado desde la Personería a la Registraduría para ver de qué manera se le puede hacer y solucionar esta situación, ya que estos niños están en riesgo de apátrida”, manifestó Segura.

Desde la Personería Municipal han instado a las madres perjudicadas a que se presenten ante la entidad defensora para recibir asesoría y evitar el riesgo que sus hijos queden en condición de apátridas.

Soluciones a la vista

El 14 de abril se llevó a cabo en Puerto Carreño un Consejo Departamental de Política Social, allí la Registraduría indicó que, desde el mes de octubre 2020 a la fecha han otorgado 1.079 registros civiles de nacimientos en Puerto Carreño, 307 en el municipio de La Primavera y 83 en Santa Rosalía.

Así mismo, indicaron que se encuentran realizando acciones para llevar el registro civil de nacimiento a los resguardos, debido a que, en la actividad de identificación realizada en febrero pasado, quedaron personas por registrar.

En el marco del Consejo, la Registraduría reconoció que existe una problemática en Puerto Carreño. Hay más de nueve asentamientos humanos que cuentan con una gran cantidad de niños y niñas entre los cero y cuatro años de edad que nacieron en territorio colombiano sin pasar por el hospital San Juan de Dios, y a la fecha no cuentan con ningún tipo de identificación.

“Sabemos que son nacidos acá, porque uno hasta lo reconoce y niños ya grandes donde no tienen ningún tipo de identificación. Tenemos una figura especial con ellos, es una figura de autorización que la Cabildo Indígena Gobernador Urbana realiza, ella nos certifica que en efecto ellos nacieron en asentamientos…” declaró uno de los delegados de la Registraduría.

La realidad es que muchas madres venezolanas siguen a la espera de la actuación de las entidades competentes y claman por una nacionalidad para sus hijos, con el fin de garantizarles derechos inalienables a todo ser humano.