Más de 18 mil millones para salud pública en Vichada en los últimos cinco años

Hay un adagio popular que dice “más vale prevenir que curar”, y eso lo tiene claro el Estado colombiano, razón por la cual en el año 2008 el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 0425 que dio vida al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. El ‘famoso’ PIC al que las alcaldías y algunas gobernaciones destinan parte importante de sus recursos.

Según la Resolución “el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas incluye un conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades a cargo del Estado, dirigidas a promover la salud y calidad de vida, la prevención y control de los riesgos y daños en salud de alta externalidad para alcanzar las metas prioritarias en salud definidas en el Plan Nacional de Salud Pública, las cuales son complementarias a las acciones de promoción, prevención y atención previstas en los Planes Obligatorios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Para dar cumplimiento a los PIC municipales en Vichada se han invertido, según la información disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), más de $18.500 millones en los últimos cinco años, sin contar las contrataciones de planes de intervención colectiva de Puerto Carreño, La Primavera y Santa Rosalía para el año 2016, cuya información aún no es pública en la plataforma digital.

Entre las empresas o entidades que han contratado esos recueros se encuentran el Hospital Departamental San Juan de Dios, la Unidad Básica de Atención del Departamento (UBA), IPS INCI Salud y las IPS indígenas UNUMA ACIM y Matsuldani.

EL MORICHAL pudo establecer que de los $18.875.633.760 millones de pesos dispuestos por las cuatro alcaldías vichadenses entre 2013 y 2017, la IPS Matsuldani obtuvo ocho contratos por un valor que supera los $15.700 millones de pesos. Desde el año 2013, y de manera consecutiva, es esta IPS la que ha venido contratando esos recursos en el municipio de Cumaribo. En promedio, esta alcaldía destina anualmente unos $2.800 millones de pesos para su plan de intervenciones colectivas.

Otro municipio en el cual ha contratado Matsuldani es en el de La Primavera, lugar de donde es oriundo Fabio Alexis García, su representante legal. En la tierra del curito la IPS de García contrato el PIC de 2014 y 2015 por un valor cercano a los $2.000 millones de pesos.

El contrato más reciente de la IPS Matsuldani es de la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas 2017 del municipio de Cumaribo. El contrato, que tiene vigencia de 11 meses a partir del 9 de febrero, tiene un valor de $2.326.466.277 pesos.

Al respecto de la millonaria contratación EL MORICHAL consultó a Fabio Alexis García quién explicó que “tenemos toda la experiencia que exige la normatividad en especial la resolución 518 del 24 de febrero del 2015. Y somos una IPS que solo desarrolla o ejecuta plan de intervenciones colectivas” Además agregó que “No tenemos ni manejamos ningún tipo de contratación con las EPS, es decir, no hacemos atención primaria en salud. Hacemos promoción y prevención en salud pública” manifestó el representante legal de la IPS.

Por su parte, el Hospital Departamental San Juan de Dios contrato el Plan de Intervenciones Colectivas de Puerto Carreño entre 2013 y 2015 por un valor de $1.881.552.647 pesos en esos tres años.

En el Municipio de La Primavera la IPS Indígena UNUMA ACIM contrato el PIC del 2013 por $895.467.738 de pesos.

Y en Santa Rosalía la IPS INCI Salud contrato los planes de intervención colectiva en 2012 y 2015 por un valor cercano a los 270 millones de pesos. Entre 2013 y 2014 el PIC de ese municipio fue ejecutado por la UBA departamental por un valor de $82.410.000 de pesos.

Vale la pena decir que de los cuatro municipio de Vichada Cumaribo es el único que está al día con la información pública de la contratación, a través del SECOP. Además, los documentos publicados son de total claridad para la sociedad que desee revisarlos. En cambio, respecto a las otras tres alcaldías, no han publicado los procesos de contratación de los PIC de 2016 y 2017. Esto sin duda viola el derecho que tenemos los ciudadanos a conocer de primera mano y con claridad la contratación estatal.