Más de 1.500 millones en hallazgos fiscales, según auditoria de la Contraloría a la Gobernación de Guainía

Una auditoría financiera y de gestión realizada por la Contraloría Departamental a la Gobernación de Guainía durante la gestión de 2021, arrojó 9 hallazgos fiscales con un presunto detrimento patrimonial de $1.527.474.868. El informe también muestra 39 hallazgos administrativos, 25 disciplinarios y 17 hallazgos de tipo penal.

Entre los hallazgos fiscales se destaca uno por casi 1.000 millones de pesos en un contrato (de 2.600 millones) para la pavimentación de la vía que comunica a Inírida con el sector de La Esmeralda. El hallazgo, que también tiene alcance administrativo, disciplinario y penal, se presenta debido a presuntas irregularidades en la interventoría (cuyo contrato estaba por 162 millones).

La Contraloría encontró que la interventoría ordenó un anticipo de $999.129.069 sin tener certeza “sobre los gastos que se generaron con los dineros desembolsados al contratista”, puesto que el ente de control no halló los documentos que acrediten el respectivo “seguimiento del interventor o supervisor”.

La Contraloría precisa que, de acuerdo a la normatividad vigente, la interventoría técnica habría fallado en la labor de “seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado por la misma Entidad Estatal sobre la ejecución del contrato” que tenía por objetivo “el mejoramiento de la vía alterna que comunica el casco urbano del municipio de Inírida con el sector La Esmeralda”.

Otro millonario hallazgo se da un contrato para la “adquisición de elementos de protección personal, insumos y demás bienes requeridos para el fortalecimiento de las acciones de salud pública en el marco de la emergencia sanitaria COVID–19”.

El ente de control observó que “el actuar de la Gobernación del Guainía, al realizar el pago del anticipo sin conformarse el patrimonio autónomo, es decir sin concebir un contrato de fiducia mercantil por parte del contratista, se convierte en una acción antijurídica, la cual se concretó al realizar el pago de dicho anticipo por un valor de $279.883.200”, en un contrato cuyo valor total era de $699.708.000.

Las presuntas irregularidades también se presentaron en un contrato para el “suministro de dotación de labor para el personal administrativo, docente y directivo que labora en la Secretaría de Educación Departamental, personal administrativo de la Secretaría de Salud Departamental y Secretaría de Gobierno”. La Contraloría encontró un presunto sobrecosto por $145.989.730.

Además, el ente de control encontró que la Gobernación existen “avances para viáticos y gastos de viaje, con un saldo por $33.912.114”, que al cierre de la vigencia 2021 no fueron legalizados, “situación que genera incertidumbre sobre los procedimientos de control y celeridad por parte de los funcionarios responsables de verificar que se legalicen en los tiempos determinados”.

En otros tres contratos la Contraloría tuvo hallazgos fiscales por $68 millones.

Según detalla el informe de la Contraloría, durante la vigencia 2021 la Gobernación del Guainía, “suscribió 597 compromisos contractuales por valor de $31.175.130.053, financiada con recursos propios”. Durante la auditoría se revisaron 80 contratos, “los cuales fueron escogidos por valor de $15.096.207.371, para un porcentaje de participación del presupuesto objeto de la población del 48.42 %, y una participación de contratos del 13.40 %”.

Es importante precisar que los hallazgos presentados en el informe no se configuran inmediatamente en una irregularidad. De hecho, durante la auditoría, los auditores encuentran muchas más presuntas irregularidades que logran ser subsanadas durante el proceso por la entidad auditada, de acuerdo a los tiempos que se manejan en la elaboración del informe.

Los hallazgos que al final quedan incluidos en el informe responden al hecho de que desde la administración departamental no lograron dar respuesta a los cuestionamientos del equipo auditor.

Esos hallazgos son trasladados al ente pertinente: los hallazgos fiscales van a la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, los penales se trasladan a la Fiscalía y los disciplinarios a la Procuraduría. Estas entidades inician un proceso, proceso que al final determinará si efectivamente se cometieron irregularidades o no.

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