El llamado de las comunidades indígenas y otros actores por prohibición de pesca deportiva

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A través de un comunicado, los diferentes actores, gremios y comunidades indígenas y rurales del país, que derivan su sustento de esta actividad, manifestaron su preocupación frente a la prohibición de la pesca deportiva en Colombia.

A través de la sentencia C148-22, emitida en mayo de este año, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la pesca deportiva. Los afectados señalaron que “Colombia cuenta con especies únicas, lo que lo ha convertido en un paraíso para pescadores deportivos y ha generado todo un tejido de desarrollo sostenible en las zonas más alejadas del país”.

El comunicado detalla que más de treinta comunidades indígenas ribereñas del Vichada, Guainía, Meta, Chocó, Antioquia, Casanare y Amazonas se han capacitado para prestar servicios turísticos y hoteleros gracias a esta actividad y ahora ven en riesgo la generación de ingresos de manera lícita y en armonía con el medio ambiente.

“Como actores involucrados en la práctica de la pesca deportiva nos preocupa que este fallo no haya tenido en cuenta a las comunidades indígenas y a todas las personas que derivan su sustento del turismo que genera la pesca”, se lee en el documento. “Creemos que no se consideraron todos los elementos económicos, sociales y ambientales, ya que la decisión afecta de manera considerable el bienestar de todos los involucrados, desecha la posibilidad de las comunidades de vincularse una economía limpia, sostenible y por sobre todo afecta el bienestar del recurso pesquero, su entorno y el medio ambiente del cual depende y retroalimenta”.

Según datos de quienes abogan por la pesca deportiva, esta actividad “tiene un valor estratégico enorme en la conservación”. Precisan que en Colombia se generan alrededor de $276 mil millones de pesos por la pesca, sin tener en cuenta hoteles, transportes, pasajes aéreos, restaurantes, combustible y permisos. De ahí que al menos 117 operadores logísticos, 1640 guías, 272 auxiliares, 78 tiendas, 31 comunidades y más de 2.510 familias dependan económicamente de esta actividad en todo el país.

Delio Suárez, capitán y máxima autoridad indígena de la comunidad de La Ceiba, del departamento del Guainía, señala que “hacemos un llamado respetuoso a la Corte Constitucional y a las autoridades para que no prohíban de tajo una actividad que representa desarrollo sostenible para las regiones y para las comunidades e indígenas que dependemos de ella para no incurrir en actividades ilícitas o que puedan afectar de manera permanente el ecosistema”.

El comunicado concluye precisando que las partes afectadas por la decisión de la Corte Constitucional están comprometidas “con proyectos que tengan en cuenta el aspecto ambiental, social y económico y que generen desarrollo de una manera respetuosa con el medio ambiente; por eso estamos prestos a colaborar en la construcción de la normativa que se considere necesaria para continuar con esta actividad que pone a nuestro país entre los cinco mejores destinos turísticos para su desarrollo”.

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Edwin Suárez

Comunicador social y periodista con más de 10 años de experiencia en diferentes medios de comunicación. Fundador del periódico EL MORICHAL.
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