La extorsión, disparada en Puerto Carreño, retrasa el desarrollo económico de la ciudad

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La extorsión se tomó a Puerto Carreño (Vichada). Las estadísticas de la Policía reflejan que entre el año 2020 y lo corrido del 2024 se han presentado 45 casos, sin embargo, se trataría de un subregistro. Los comerciantes, las principales víctimas de este delito, dicen que la situación es para ellos insostenible, y que no denuncian debido a la inoperancia de las autoridades.

“Los comerciantes nos sentimos desamparados por parte de la autoridad, no nos brindan garantías para tener seguridad frente a este tema de la extorsión”, dijo a EL MORICHAL un vocero del sector comercio, quien pidió no mencionar su nombre por razones de seguridad. La fuente asegura que le expuso la problemática directamente al ministro de Defensa, Iván Velázquez, en noviembre pasado durante una visita a la capital de Vichada.

Como resultado de las extorsiones, dice la fuente, un significativo número de inversionistas o comerciantes mayoristas abandonaron el territorio vichadense. Algunos de ellos han optado por dirigir sus negocios desde la distancia. «No soportaron los métodos de presión de los grupos ilegales y se fueron”, dijo. “Son la mayoría de comerciantes grandes de nuestro municipio, todos los mayoristas, están desde el exilio. Son entre unos diez a quince comerciantes que están viviendo esta situación”.

El vocero de los comerciantes dijo que, algunos de los comerciantes que se quedaron están siendo obligados por los extorsionistas a aceptar las condiciones y los pagos extorsivos, para seguir ejerciendo el comercio en la localidad.

Las extorsiones también afectan a los transportadores de la región. Los comerciantes entrevistador por este medio de comunicación dijeron que las lanchas que transportan la carga (todo tipo de víveres en insumos) por el río Meta durante la temporada de lluvias, deben pagar entre $400.000 y $500.000 por tonelada. “Finalmente, todos estos costos vienen, recaen sobre el consumidor final, que es el que finalmente tiene que pagar el alto costo de todo esto”, dijo una de las fuentes.

Muelle principal de Puerto Carreño. Archivo EL MORICHAL.

Las extorsiones estarían siendo realizadas desde diferentes cárceles del país por diversos delincuentes, y por grupos armados ilegales que tienen presencia en la región. “Se tiene conocimiento de la Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tienen injerencias en el departamento por temas de narcotráfico y extorsión, estos grupos tendrían base criminal en territorio extranjero y colaboración por medio de la red de apoyo al terrorismo – RAT”, indicó el subintendente Hernán Díaz Miranda, jefe del Gaula en Vichada, dando respuesta a un derecho de petición interpuesto por este medio de comunicación.

Según los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, en el 2020 se reportaron 11 casos de extorsión, 14 en el 2021, en el 2022 fueron nueve, 10 en el 2023 y uno durante enero de 2024. La mayoría de ellos en Puerto Carreño.

“Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, y la activación de las cuentas virtuales, que facilitan las transacciones de dinero desde un teléfono móvil, permitieron el incremento en los casos de extorsión en la modalidad digital”, precisó el subintendente Díaz Miranda.

Otro empresario de Puerto Carreño que habló con EL MORICHAL bajo la condición de no mencionar su nombre, dijo que muchas veces los extorsionados no ponen la denuncia porque “la Policía se lava las manos”. Según el comerciante, la respuesta de la autoridad se limita a recomendar que no contesten las llamadas, porque son hechas desde las cárceles. “Pero es preocupante cuando le dan a uno nombres propios, cuando le mencionan a la familia, dónde viven, dónde estudian, dónde trabajan, pues ya preocupa”, manifestó.

En la respuesta al derecho de petición, la Policía dice que los delincuentes acceden a la información de sus víctimas a través de redes sociales públicas. Esa institución también asegura que las transferencias a través de cuentas virtuales como Nequi, Ahorro a la Mano o Daviplata facilitan a los delincuentes los cobros extorsivos, los cuales pueden ser desde $500.000 hasta los $20 millones.

Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Vichada fue uno de los departamentos con mayor incremento de extorsiones en 2023. Con aumento de 167%, se ubicó segundo en la estadística nacional, superado solo por Atlántico (233%).

“En el Vichada el asunto es que cualquier cosa que pase incrementa mucho la cifra, las incrementa en porcentajes. Si tú tienes dos casos en un año y al otro día tienes cuatro, pues es un aumento del 100%”, dijo Bonilla en un noticiero nacional el pasado 19 de enero. “Es una zona muy cercana al arco minero venezolano, es una zona donde también hay tráfico de oro, digamos que es algo para prestarle atención”.

Uno de los comerciantes dijo que las extorsiones siempre han existido (especialmente a los transportadores), pero que en los últimos tres años se han incrementado.  “No contentos con la vacuna de los transportadores, se vinieron contra los negocios de comercio legal, evalúan y de acuerdo a eso piden cifras incalculables”, aseguró la fuente.

Avenida Orinoco, en el centro de Puerto Carreño. Foto: EL MORICHAL

La extorsión frena el desarrollo económico

Según los comerciantes, los altos índices de extorsión están ralentizando el crecimiento económico y social del municipio de Puerto Carreño. “Esto ha frenado nuestra economía”, dijo uno de los comerciantes entrevistados.

Desde el sector comercio explicaron que los principales empresarios del sector se han abstenido de invertir en infraestructura para no mostrar solvencia económica y evitar llamar la atención de los extorsionadores. “Inversiones grandes que estaban proyectadas para estar funcionando ya desde finales de año pasado, allí están en el abandono”, dijo la fuente.

“Carreño se desarrolla muy lentamente, el tema de las extorsiones, el tema del hurto que antes no se veía, son todas esas cosas» afectan a la ciudad, aseguran. «Las administraciones municipal y departamental deben prestar atención a eso, el comercio sea formal e informal genera dinamismo social y económico”, aseguró el comerciante.

El vocero de los comerciantes también hizo un llamado al Gobierno nacional para que se generen acciones concretas en contra de la extorsión. Por su parte, el Gaula de la Policía recordó que la línea 165, está disponible las 24 horas del día para recibir denuncias de este delito, o a través del número de contacto directo con los cuadrantes de policía de la ciudad.

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Redacción EL MORICHAL

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