Juez impone tres días de arresto para el gobernador de Vichada, por desacato a una sentencia judicial

Un incidente de desacato proferido el 21 de septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, sanciona con un arresto de tres días al gobernado de Vichada, Álvaro León.

La sanción impuesta al representante legal de la gobernación se fundamenta en la no contestación oportuna a un derecho de petición de Jorge Enrique Orjuela Barrientos, en el cual solicitaba información detalla de unos contratos ejecutados en el 2019.

Según la juez Dora Espitia, la Gobernación de Vichada no brindó las garantías necesarias al derecho esencial del ciudadano a acceder a la información pública. En palabras de la sentencia, la entidad “se ha mostrado indiferente y con desidia frente a la garantía de protección que se debe dar al derecho fundamental de petición”.

La decisión judicial precisa que ese despacho le ordenó un término especifico de cinco días para que la administración departamental la información requerida por Orjuela. Sin embargo, el accionante notificó al juzgado el vencimiento de plazo, sin el cumplimiento de la obligación por parte de la Gobernación. Eso originó la apertura el incidente de desacato.

El documento precisa que la entidad respondió la solicitud del demandante, por fuera del tiempo establecido, enviando la información requerida en un CD que, según Orjuela, no contenía ninguna información. A pesar de que la Gobernación alega que sí entregó la información, la juez Espitia asegura que verificó el CD que recibió Orjuela, y lo encontró en blanco.

Pero, la única pregunta que no se plantea la juez (o por lo menos no está explicito en el fallo) es si el CD pudo ser manipulado Orjuela, toda vez que, dependiendo la manera en que se grabe la información en estos dispositivos, pude ser objeto de modificación. En su interpelación, la Gobernación manifestó ante la funcionaria de la rama judicial el hecho de que el solicitante de la información no informó la aparente irregularidad con el CD a la entidad, pero si acudió inmediatamente al juzgado.

Al final de cuentas, la juez Dora Espitia calificó como reprochable el actuar de la administración departamental. “El caso concreto corresponde al derecho fundamental de petición en conexidad con el acceso a documentos públicos”, dice el escrito de la sentencia.

La conclusión del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Carreño es que, Álvaro León, en su condición de Gobernador de Vichada y representante legal de la administración departamental, incurrió en desacato a las sentencias emitidas, producto de una acción tutela incoada por Orjuela. 

El juzgado resolvió imponer una sanción de arresto de tres días para el gobernador León, pena que deberá cumplir en Puerto Carreño, Vichada. Además de una multa de tres salarios mínimos legales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, el fallo precisa que la sanción proferida deberá ser consultada con el superior jerárquico, quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la medida.

EL MORICHAL buscó conocer la versión u opinión del mandatario vichadense frente a la sanción, pero no obtuvo declaraciones.

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