El fallo de restitución de tierras que causó polémica en Puerto Carreño

En solo ocho años de existencia la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se ha convertido en una entidad alidada para los pueblos indígenas. A través de ella muchas comunidades han logrado la titulación o ampliación de resguardos en todo el país. En Vichada su actividad ha sido permanente en los últimos tiempos y su golpe más certero lo dio el pasado 4 de noviembre con la entrega del Resguardo de Kanalitojo, en Puerto Carreño.

La constitución de ese territorio indígena, que cuenta con 1.300 hectáreas para cerca de 50 familias pertenecientes a los pueblos Amorúa, Sikuani y Sáliba, se convierte en la primera sentencia de restitución de derechos territoriales en el departamento del Vichada y la Orinoquia colombiana. Se trató de un largo proceso judicial entre la URT y los campesinos que llevaban más de una década habitando esos predios. “Después de 30 años en la búsqueda de sus derechos territoriales, esta comunidad recuperó su territorio para desarrollar sus prácticas, usos y costumbres”, indicó la Unidad al cabo del litigio.

La disputa se dio en los predios ‘Corozal’, ‘Villa Diamante’, ‘El Rosal’, ‘Curazao’ (predios pertenecientes a una misma familia) y la ‘Fortaleza 1 y 2’, ubicados a unos 25 kilómetros de la capital vichadense en la vía hacia Villavicencio (Meta), y eran ocupados por campesinos ampliamente conocidos en la región. Estas fincas desaparecieron del mapa para darle vida al Resguardo de Kanalitojo.

Pero, lo que para los indígenas se traduce en garantías y una salvaguarda física y cultural, para los campesinos constituye una violación a sus derechos, a la tenencia de la tierra, y se abre una puerta que puede llevar a que se repliquen situaciones similares en todo el territorio vichadense. Según la Defensoría del Pueblo, en Vichada existen alrededor de 20 conflictos interculturales entre campesinos e indígenas.

“En estas tierras nosotros estábamos desde el año 2007, con una compra venta ante la notaría por parte de los herederos Colinas, quienes fueron las personas a las cuales mis padres les compraron la posesión del predio conformada por 965 hectáreas”, indicó a este medio de comunicación Ángel Chacón, hijo de don Ángel Roberto Chacón (q.e.p.d.) y doña Luz Marina Curbelo, los últimos ocupantes del predio ‘Curazao’.

“Esto fue una gran decepción, ver como de la noche a la mañana el Estado colombiano por medio de sus entidades y en un acto judicial acabo con la ilusión y años de trabajo de una familia. Mi padre falleció de diabetes y estrés por toda esta situación de la invasión, la angustia lo llevó a la muerte, él bregó mucho a que lo escucharan, pero lamentablemente falleció en el mes de septiembre sin ningún resultado”, indicó Chacón.

Otro campesino involucrado en la disputa fue José Hernaldo Niño Bustos, ocupante de los predios ‘La Fortaleza 1 y 2’, que tenían una extensión de 466 hectáreas. “Siento que el Estado colombiano nos robó y hoy quedamos 5 familias sin nada. Un juez sin saber la realidad y verificar nuestras pruebas, no nos reconocieron ni siquiera 100 pesos de casi 20 años de trabajo. Solo nos dieron unos días para sacar nuestras cosas. Esto es muy triste, es injusto”, precisó.

Los predios involucrados fueron baldíos hasta hace menos de 10 años, es decir que, aunque estaban en poder de particulares, seguían siendo de la nación. Fueron titulados por el INCODER (ahora Agencia Nacional de Tierras ANT) entre mayo de 2010 y julio de 2012, pese a que desde el 2005 los integrantes de la comunidad de Kanalitojo había elevado a esa misma entindad la solicitud de constitución del resguardo, sin respuesta alguna.

Para los jueces, los baldíos indebidamente adjudicados sumado a la negligencia del INCODER, fue lo que llevó a la vulneración de los derechos de los indígenas reclamantes. Por eso resolvieron declarar la nulidad absoluta de las resoluciones de adjudicación de predios a los campesinos, y ordenar a la ANT constituir el Resguardo de Kanalitjo.

En un acto judicial realizado 5 de noviembre, que contó con la presencia de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo Regional Vichada, la Personería Municipal de Puerto Carreño, Procuraduría, la Armada, Migración, ICBF, Policía (Esmad) y demás funcionarios territoriales con competencia en la metería, los campesinos abandonaron para siempre las casas en que habían vivido durante años.

En los actuales momentos, las personas que resultaron vencidas en el proceso, solicitan a la justicia revisar minuciosamente las actuaciones judiciales, ya que alegan que no se tuvieron en cuentas las pruebas que ellos presentaron. 

¿Qué contempló el fallo del Tribunal?

El fallo de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, contempla y reconoce la ancestralidad del territorio colectivo para los pueblos Sikuani, Amorúa y Sálibas establecidos en Kanalitojo o Puerto Colombia, que desde el 2005 habían solicitado la constitución del resguardo indígena, y que pesaban sobre ellos medidas cautelares de protección.

La Sentencia también reconoció como víctimas del conflicto armado a los indígenas de Kanalitojo, por ser desplazados por la violencia en la región en épocas remotas que llevaron a su desplazamiento obligatorio de esos territorios, según estudios y antecedentes recopilados para el proceso (cementerios ancestrales y vestigios de su ocupación).

Otros procesos similares

Según la URT en el departamento de Vichada existen 1.084 solicitudes de restitución presentadas por las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras. Del total de las solicitudes, 874 corresponden a Cumaribo; 121 a La Primavera; 46 a Puerto Carreño y 46 son de Santa Rosalía. Asimismo, hay 571 decisiones de fondo y 513 reclamaciones se encuentran en trámite vigente.

“En cuanto a la ruta étnica, en 2020, la Unidad ha radicado medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas Wazapana Dagua y La Parcialidad- La Mayera de Puerto Carreño, al igual que Aliwa Cupepe en Cumaribo”, explicó la URT en un comunicado.

Desde la Defensoría de Pueblo Regional Vichada indicaron que actualmente se encuentran mediando sobre otro caso de disputa entre campesinos en indígenas, en predios existente en la inspección de Santa Rita del municipio de Cumaribo, Vichada.