El día que los habitantes de la “invasión” se pararon en la raya: exigen servicio de energía eléctrica
Las invasiones -también, ocupaciones de hecho– en Inírida no aguantan más. Así lo hicieron saber los pobladores de los barrios El Poblado, Jardín y Casa Blanca el pasado 3 de febrero en una tensa reunión, en la que participaron las administraciones municipal y departamental. Los ciudadanos exigen el servicio de energía eléctrica y la legalización de los lotes. A pesar de las diferencias, la reunión finalizó con 9 puntos como compromisos por parte de las entidades para continuar con el proceso del alumbrado, la legalización de los predios, y el cómo se van a reubicar las familias en zona de humedales.
La asamblea, programada para las 04:00 de la tarde, comenzó con intervenciones contundentes como la de Consuelo Ríos, habitante de la zona: “Así como el pueblo los eligió y están donde están, exigimos que nos solucionen lo de la luz”. Margarita, habitante del barrio El Poblado, también manifestó su inconformismo, pues según dijo, desde el pasado 26 de septiembre del año 2022 se le entregó una resolución al alcalde de Inírida, Pablo Acosta, para garantizar los servicios básicos, y no la ha firmado “supuestamente porque no han cambiado la ordenanza”; se pregunta: por qué no había hecho nada en más de cuatro meses.
La administración municipal, competente frente al tema de los servicios públicos y uso del suelo, se defendió argumentando que son los más interesados en que se lleve a cabo la legalización. Sin embargo, pese a ser accionistas mayoritarios de la empresa de energía Emelce, la luz aun no aparece por ningún lado. “Nos demoramos un poco, porque tenemos que tener claridad en las etapas y procesos normativos, tenemos que ajustarnos a las normas, a las leyes colombianas, no podemos extralimitarnos en funciones, si lo hacemos nos veremos envueltos en acciones jurídicas a las que no queremos llegar”, dijo el alcalde Acosta..
El mandatario iniridense también dijo que una de las rutas que se debía realizar era la modificación de la ordenanza departamental en donde se destinó el predio para vivienda de interés social, porque según él, una resolución municipal no puede de ninguna forma borrar una ordenanza departamental, y que en tanto esa modificación no se haga, se vería impedido a firmar la resolución y con ello la legalización de la ocupación de hecho.
“En el año 2009 la asamblea departamental sacó una ordenanza que dice que estas áreas eran para proyectos de viviendas de interés social, que no se han hecho. Si el señor alcalde firma esta resolución la contraloría y la procuraduría y los diputados opositores lo van a denunciar”, dijo Mauricio Posso, jurídico de la Alcaldía, y manifestó de que si el alcalde firmaba, dejabarían constancia que lo hacía a la fuerza.
En respuesta al alcalde, el gobernador Juan Carlos Iral fue contundente con su discurso. “De verdad que esas palabras que escucho me llenan de tristeza. A la gente se le tiene que hablar claro, debemos dar una solución, llevamos dos años trabajando arduamente en esto. Tenemos una sentencia de la Corte que dice que los predios que estén o no legalizados deben tener servicios públicos, no vengamos a dilatar, tenemos que solucionarlo”, manifestó el mandatario departamental.
Así mismo, la jurídica de la Gobernación de Guainía Maryuri Ávila, indicó que la encargada de actualizar el POT es la alcaldía, que, además, lo que se va a hacer en los asentamientos son viviendas de interés social, por eso no se debe cambiar la ordenanza, pero que si se tenía que cambiar la gobernación y la asamblea departamental están en la disposición de modificarla. Pero que también había que tener en cuenta que la Corte Constitucional en el año 2018 declaró inexequible el artículo que contenía la ley 812 del 2003, artículo 99, que prohibía hacer inversión en materia de servicio públicos en asentamientos humanos, lo que implica que se pueden generar acciones de mínimo vital en los barrios Jardín, Poblado, y Casa Blanca.
Legalización
Los gobernantes manifestaron que ya se hicieron todos los estudios técnicos de legalización urbanística, ya hay linderos, áreas de parques, vías, zonas verdes, etc. Solo falta darle legalidad a la resolución. Por eso, la ciudadanía seguía exigiendo soluciones inmediatas, pues según ellos, la falta de energía ha aumentado la inseguridad en la zona. En la reunión también participaron la Defensoría del Pueblo, el ICBF, el personero Municipal, el representante a la Cámara Alex Guarín, y otros políticos. Finalmente primó el interés de la comunidad, y es que, tanto la Alcaldía como Gobernación acordaron solucionar lo más pronto posible la necesidad de la comunidad.
Son más de 1.100 familias y 5.000 personas las que van a beneficiarse de la legalización y la puesta en marcha de la energía eléctrica en las ocupaciones de hecho, pues llevan más de ocho años esperando por la voluntad política.
Al cierre de la reunión se hicieron los siguientes acuerdos:
Alcaldía: 1. La alcaldía municipal se compromete a presentar el argumento jurídico para efectos de evaluar la necesidad de modificar la ordenanza 029 de 2009. 2. La alcaldía municipal se compromete a revisar y presentar argumentos jurídicos y las acciones administrativas pendientes a iniciar procesos para proveer servicios públicos a la población de Casa Blanca, Jardín y El Poblado en materia de energía. 3. Entregar un informe ejecutivo frente al estudio legal que se realizó para la legalización de Casa Blanca, Jardín y El Poblado para determinar presuntas extralimitaciones y posibilidades jurídicas de firmar la resolución de legalización para que la gobernación realice o tome las medidas necesarias para la legalidad del proceso. Gobernación: 4. Se compromete a poner a disposición el equipo técnico y jurídico para apoyar la revisión jurídica de la procedencia en la modificación en la ordenanza 029 de 2009. Alcaldía: 5. En el término de 10 días se compromete a notificar a la gobernación y la resolución de legalización urbanística tal como lo determina el decreto ley 149 de año 2020. Asamblea Departamental: 6. Se compromete a denegar las acciones pertinentes para las modificaciones de la ordenanza 029 de 2009 de ser necesario. Representante a la cámara (Alex Guarín): 7. Se compromete a hacer la gestión pertinente para el cumplimiento de los compromisos acordados. Defensoría del pueblo: 8. Hacer seguimiento y hacer mesas de diálogos para el cumplimiento de los compromisos acordados. Gobernador: 9. Se compromete a que, de hallarse fundamentos jurídicos para modificar la ordenanza 029 de 2009 y para efectos de darle celeridad al tema, citar a asamblea extraordinaria a la Asamblea Departamental, de ser necesario.
Para efectos de la notificación de la ordenanza, la fecha límite es de 10 días hábiles, dice el acta que se levantó en la reunión del día 3 de febrero.