Cuando la Contraloría se equivoca
La Auditoría General de la República encontró irregularidades en la auditoría realizada por la Contraloría Departamental a la gestión de la Gobernación de Guainía correspondiente al año 2021.
En el primer semestre de 2022 la Contraloría Departamental de Guainía (CDG) realizó la auditoría financiera y de gestión de la Gobernación de Guainía para el año 2021. En la publicación final de ese informe, la CDG arrojó 9 hallazgos fiscales con un presunto detrimento patrimonial de $1.527.474.868. El informe también mostraba 39 hallazgos administrativos, 25 disciplinarios y 17 hallazgos de tipo penal.
Sin embargo, una revisión realizada por la Auditoría General de la República (AGR) a esa auditoría financiera y de gestión de la CDG a la Gobernación deja varios cuestionamientos. Entre las conclusiones, la AGR destaca que se encuentra evidente falta de rigurosidad por parte la Contraloría Departamental en sus procedimientos, “pues ello conllevará a posibles resultados sin efectividad o fundamento para el logro de su objeto misional: vigilancia y control a los recursos públicos que por competencia les corresponde fiscalizar”, dice el informe al que tuvo acceso EL MORICHAL.
La AGR destaca que en el informe de la Contraloría hay “presencia continua de argumentaciones confusas; no existe un debido sustento frente a la defensa desplegada por el sujeto vigilado [contraargumento]”, y en un sin número de “oportunidades no se especifican normas vulneradas [criterio de normativas aplicables] o se registra el criterio basado en disposiciones declaradas inexequibles o de aplicación posterior [diferida], si se tiene en cuenta la ocurrencia de los hechos, además de, no concretarse específicas normas fiscales, penales y disciplinarias presuntamente vulneradas”.
Además, en la auditoría realizada a la Contraloría Departamental, la Auditoría General de la República detectó que hay “casos concretos detectados dentro del ejercicio, como es que, en el informe preliminar se determinara una connotación y en el informe final se adoptaran nuevas incidencias fiscales, penales y disciplinarias, que en su momento no fueron conocidas por el sujeto de control para su debida defensa, además de no establecer el criterio respectivo para cada una de ellas, desconociendo la garantía constitucional al debido proceso y contradicción frente a las nuevas incidencias”.
Para Harrison Bustamante, abogado que integra el área jurídica de la Gobernación de Guainía, lo que se puede evidenciar en el informe de la AGR es que, en la auditoría realizada por la Contraloría a la gestión de la Gobernación, hubo un acto de “mala fe” contra “el ente departamental”.
“Hubo violaciones al derecho de defensa y contradicción, al derecho al debido proceso”, aseguró el abogado Bustamante. “El informe de la Auditoría (AGR) que configuró varios hallazgos administrativos, algunos con connotación disciplinaria para la Contraloría Departamental del Guainía, identificó que hubo falencias en ese proceso de auditoría y las consecuencias son para los funcionarios que participaron en la auditoría porque ya les inicia un proceso disciplinario por esas irregularidades que se presentaron”, precisó.
En total, la auditoría realizada por la AGR a la CDG dejó 32 hallazgos, 27 con alcance administrativo y cinco con presunta connotación disciplinaria.