
Congresistas olvidan que vivimos en una democracia
Por: Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Foto portada: (de izquierda a derecha) Gustavo Londoño (Vichada), Camilo Arango (Vichada), Anatolio Hernández (Guainía) y Carlos Cuenca (Guainía). Fotos tomadas de internet, excepto de la Arango.
La semana pasada nos encontramos con una sorpresa: el proyecto de ley llamado a combatir la corrupción incluía un artículo que daba vía libre a la penalización de opiniones e información relacionada con la veeduría a funcionarios públicos. A pesar de las advertencias y alertas de varias organizaciones, hubo congresistas que decidieron seguir adelante con la incorporación del artículo que impone un fuero especial para funcionarios y exfuncionarios públicos, sólo por el hecho de serlo.
En el debate del proyecto de ley y de este artículo en la Cámara de Representantes, los y las congresistas convirtieron la sesión en una queja del periodismo que les resulta incómodo y justificaron estrategias de censura. Algunos representantes llegaron a decir que “hay que ponerles un tatequieto porque esto afecta también a nuestras familias”. Ponerle un tatequieto a periodistas y reporteros —muchos de ellos en regiones y zonas apartadas de las capitales— que hacen investigación sobre quienes están llamados a tener una mayor tolerancia a la crítica: las y los funcionarios.
A pesar de las alertas, hubo 73 votos a favor de su inclusión en el proyecto de ley. 73 representantes no escucharon las voces que manifestaron que esta propuesta es claramente un retroceso en libertad de expresión, una amenaza para las investigaciones periodísticas y que plantea sanciones desproporcionadas.
El avance de este regresivo proyecto contrasta con la quietud del proyecto ley para combatir el acoso judicial, que busca darle herramientas de defensa a las y los periodistas ante este fenómeno. De nuevo, las discusiones dentro del Congreso sobre libertad de prensa parecen ser más un juicio a los medios y un ajuste de cuentas a los y las periodistas, y menos un escenario de debate sobre democracia y garantías a la libertad de prensa. Para la aprobación del proyecto sobre acoso judicial ha habido falta de quórum para la votación y varios congresistas han argumentado que deberían existir más mecanismos de judicialización de la prensa.
El trámite de estos dos proyectos de ley y sus discusiones en el Congreso deja una gran conclusión: a los y las congresistas se les olvida que su trabajo es mantener la democracia y que sobre ellos y ellas debería existir una mayor veeduría porque, tanto la ciudadanía que los eligió —como a toda la que dicen representar— merece información sobre su gestión. Un fuero especial para funcionarios es una decisión regresiva, que invita al silencio, desincentiva el debate público, nos aleja de la democracia y nos aproxima al autoritarismo.