Congresistas de Guainía y Vichada favorecieron “mico” que atentaría contra libertad de prensa

Foto portada: (de izquierda a derecha) Gustavo Londoño, Camilo Arango, Anatolio Hernández y Carlos Cuenca. 
Fotos tomadas de internet, excepto de la Arango. 

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el pasado lunes 6 de diciembre el denominado estatuto anticorrupción, “una iniciativa construida entre 25 entidades del Estado que establece duras sanciones económicas tanto a las empresas como a las personas que atenten contra el patrimonio público”, según la Oficina de prensa de la entidad.

Sin embargo, un artículo en particular prendió las alarmas de organismos defensores de la libertad de prensa. Se trataría de un “mico” que aduciendo a la “Injuria y calumnia contra funcionarios públicos”, buscaría castigar con cárcel y con multas económicas a quienes critiquen a los trabajadores del Estado.

Se trata del artículo 68 que textualmente dice que “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”. El articulo también precisa que, “cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”.

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “Se trata de una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.

Según la FLIP, “en el debate se evidenció que un sector político ve con recelo a la prensa y está tramitando inconformidades personales a través del sistema legislativo, a tal punto que durante el debate se cuestionaron garantías de suma importancia para la actividad periodística como la presunción de buena fe y la rectificación”.

En un comunicado de prensa del 4 de diciembre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró el proyecto de ley como “un ataque a la libertad de prensa”. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo: «Estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: «Nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia».

Para la FLIP, “para adoptar medidas para la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción no se puede establecer un sistema de control de la prensa y el flujo de información en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información, tal y como lo pretendió justificar el ponente César Lorduy, congresista del partido Cambio Radical”.

Durante el debate se planteó una proposición para eliminar el artículo en cuestión, pero 73 congresistas estuvieron en contra. Según el representante Fabián Diaz, entre los congresistas que votaron a favor de mantener el articulo vivo están Carlos Cuenca y Anatolio Hernández de Guainía; así como Gustavo Londoño y Camilo Arango de Vichada.

EL MORICHAL consultó vía WhatsApp con estos cuatro representantes el motivo de su decisión de apoyar el artículo o si lo consideraban un atentado contra la libertad de prensa. Solo Londoño respondió.

El congresista de vichadense del Centro Democrático manifestó que el artículo aprobado no busca vulnerar la libertad de expresión sino proteger la intimidad y el buen nombre ante hechos noticiosos falsos y pruebas fraudulentas. “No se puede abusar de la libertad de expresión para acabar con la honorabilidad y el buen nombre de los servidores públicos, por eso, se reitera que la libertad de expresión siendo un derecho fundamental, no es ilimitado”, manifestó.

Sin embargo, representantes como Gabriel Santos, también del Centro Democrático, o Juanita Goebertus del Partido Verde, que estuvieron a favor de eliminar el “mico”, dijeron, respectivamente que: “En un momento donde los colombianos desconfían en las instituciones y de sobre manera en el Congreso, lo que deberíamos estar haciendo como legisladores es abrir la puerta a la revisión”. “La Corte Constitucional ha sido clara, los servidores públicos tenemos una limitación mayor a nuestra privacidad y tenemos que estar sometidos a un control periodístico mayor”.

La FLIP precisa que los congresistas que estuvieron a favor de mantener el artículo mandaron, un mensaje nefasto para la libertad de expresión en el país. “El artículo en cuestión mantiene la opacidad, en contravía del propósito del proyecto de ley, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción impidiendo a la prensa y a las organizaciones de sociedad civil cumplir su rol de perro guardián en una sociedad democrática”, dijo ese organismo.