Colegios de Vichada sin internet por cuenta de la corrupción

Foto: imagen de referencia - tomada de Internet

“El gran ganador de esta adjudicación son los niños y niñas de los colegios públicos de las zonas más apartadas del país”. Con estas palabras la ministra de las Tecnologías de la Información Karen Abudinen, anunció el 9 de diciembre de 2020 la adjudicación de un billonario contrato que pretendía llevar internet a los colegios de los lugares más remotos de Colombia.

El proceso de adjudicación fue dividido en dos regiones (A y B). La región A fue otorgada al operador Comcel S.A. que conectará 7.468 Centros Digitales en Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés por valor de $1,06 billones. 

La región B fue adjudicada al operador UT Centros Poblados, que conectaría 7.277 Centros Digitales en Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena. Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada por valor de $1,07 billones. 

Es la UT Centro Poblados la que está en el ojo del huracán debido a que su contrato fue caducado por parte del Mintic. Los estudiantes de los 86 centros educativos de Vichada que hacían parte de la región B del proyecto son los más perjudicados, pues seguirán sin acceso a internet.

Sin internet por cuenta de la corrupción

Luego de seis meses de iniciado el proyecto, por demoras y cero avances en su ejecución, se destapó una olla de presunta corrupción que involucra falsedad en las garantías del billonario contrato y un anticipo de 70.000 millones que, según una investigación del diario El Espectador, fue a parar casi todo a paraísos fiscales en Delaware (Estados Unidos).

Según el periódico capitalino, “desde que (el contratista) firmó el billonario contrato con la cartera ministerial, ya estaba bajo la lupa por su supuesta falta de idoneidad para cumplir con el negocio”. 

De hecho, El Espectador precisa que “no solo han sido las críticas a la experiencia e idoneidad de la unión temporal, principalmente porque su experticia se inclinaba más a temas de construcción y vías, y no en telecomunicaciones o internet, sino porque la ministra Abudinen respaldó esa elección. Lo hizo con un argumento que avivó la polémica: no importa tanto la competencia del contratista, sino el tamaño de su propuesta. Como Centros Poblados ofrecía la mejor, se quedó con el cuantioso contrato”.

Ya en el desarrollo del proyecto, los retrasos en la ejecución por parte de Centros Poblados, que para abril de este año debía tener conectados casi 800 centros digitales, pero no conectó ni uno, llevaron al Ministerio a realizar una audiencia donde se descubrió que las garantías bancarias a nombre del banco Itaú eran falsas. “La entidad bancaria le contestó al Ministerio que no tenía nada que hacer en esa reunión porque no había emitido esas garantías”, precisa el rotativo bogotano.

Por iniciativa del Ministerio, la ejecución del contrato quedó estancada y el 19 de junio la entidad decretó su caducidad. La decisión fue confirmada el pasado 13 de agosto por Karen Abudinen. 

El problema ahora es cómo recuperar el dinero. 

De los 70.000 millones, 58.000 fueron a parar a las cuentas de la empresa Nuovo Security LLC, domiciliada en Florida (Estados Unidos). “El rastreo del dinero se les ha complicado a los investigadores, no solo porque su destino es otro país, sino porque la empresa fue creada y funciona bajo las leyes del estado de Delaware, territorio considerado paraíso fiscal, principalmente porque su legislación permite la exención de impuestos para sociedades limitadas (LLC), precisamente como Nuovo Security”, detalla El Espectador.

La empresa involucrada en el escándalo aseguró que el dinero fue a parar a Norteamérica porque lo invirtió comprando equipos para el desarrollo del proyecto.  Pero, según el diario bogotano, “la información que manejan los investigadores indicaría lo contrario. Según datos en poder de la Contraloría, la última importación de equipos que hizo Nuovo Security LLC a Colombia ocurrió en febrero de 2020 y fueron unas cámaras de seguridad”.

Con la plata que está embolatada se habría podido sostener, por ejemplo, un programa de alimentación escolar para 120.000 niños durante un año o construir al menos 1.000 viviendas de interés social.

Ahora, empezar un nuevo proceso contractual implica que los estudiantes de Vichada y otros 15 departamentos del país seguirán con la necesidad de poder acceder a servicios de internet.  

Este es el claro ejemplo de que, en Colombia, la corrupción se ensaña casi siempre contra nuestros niños.