Cárcel para cuatro personas investigadas por presunto tráfico de una niña indígena en Cumaribo

Cuatro personas del municipio de Cuaribo (Vichada), a quienes la Fiscalía acusa de los delitos como tráfico de niños, niñas y adolescentes agravado, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo sucesivo, recibieron medidas de aseguramiento privativa por parte de un juez de control de garantías.

Se trata de tres indígenas familiares de la víctima: el papá, de 50 años; la mamá y la tía; además de un mestizo de 66 años. “Los cuatro se habrían puesto de acuerdo para intercambiar a una menor perteneciente a la etnia Sikuani de la comunidad La Morenita, en jurisdicción de Cumaribo (Vichada)”, explica el ente acusador.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2017 en Cumaribo (Vichada), y fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía en 2019 por funcionarios de la comisaría de familia de la región.

Según la Fiscalía, la investigación permitió establecer que los padres de la niña, quien para la época tenía 12 años, la habrían entregado al adulto mayor a cambio de una atarraya, una hamaca, un chinchorro y otros objetos. “La entrega de la menor habría sido realizada por la tía”.

El material de prueba recaudado permitió establecer que -explica la Fiscalía-, tras recibir a la menor, el mestizo convivió con la niña por un año, tiempo durante el cual sostuvo con ella relaciones sexuales.

Los procedimientos de captura de los procesados estuvieron a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia en Cumaribo (Vichada) cuando los implicados salieron de la comunidad indígena. En el caso del adulto mayor, su detención se produjo cuando regresó a la zona en la que se presentaron los hechos.

Durante las audiencias concentradas, que contaron con el acompañamiento de un defensor de familia y un traductor de asuntos indígenas, el juez decidió enviar a establecimiento carcelario a los padres de la menor; lo mismo que al mestizo. La tía recibió detención domiciliaria por encontrarse en último periodo de gestación.

“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos la víctima fue puesta bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Puerto Carreño (Vichada) para el restablecimiento de sus derechos”, indicó la Fiscalía.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los cargos imputados.