Archivan investigación contra el gobernador de Guainía, por presunto caso de corrupción
Caracol Radio reveló en las últimas horas que la Fiscalía “ordenó el archivo del proceso que se seguía en contra del gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral Gómez”, quien estaba siendo investigado por supuesta corrupción con contratos del Covid.
“El ente acusador concluyó que no hubo delito alguno”, dice la nota radial, autoría del periodista Andrés González.
Gómez estaba siendo indagado por la Fiscalía por el presunto delito de firma de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, “porque supuestamente habría incurrido en irregularidades en un contrato suscrito en 2020 por un valor de más de $930 millones, para la compra de 6.245 kits alimentarios como ayudas humanitarias a la población más vulnerable del departamento en medio de la pandemia”, precisa el informe periodístico.
Caracol Radio precisó que “al revisar el contrato, un fiscal delegado ante la Corte Suprema constató que los kits alimenticios fueron entregados con el acompañamiento de autoridades civiles y militares, así como la presencia de la fuerza pública. Tampoco se configuraron sobrecostos en los víveres adquiridos”.
Por eso, la Fiscalía llegó a la conclusión de que debía ordenar el archivo del proceso.
“Así las cosas, encuentra esta delegada que el señor Gobernador obró en el cumplimiento de su función sin ánimo de menoscabo de la normatividad vigente y como lo ha señalado la Corte Constitucional, se constata que el hecho no reviste motivos o circunstancias que lo permitan caracterizar como delito o indiquen su posible existencia como tal”, dice la resolución de archivo de la Fiscalía.
El mismo contrato que investigaba la Fiscalía también le costó a Iral un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República, por un valor de $112 millones. En junio de 2020, cuando el ente de control anunció la investigación, precisó que en el contrato 460 de 2020 habría un “daño al patrimonio derivado del presunto sobrecosto”, en el contrato destinado a “la compraventa de víveres (6.245 kits), entregadas en ayuda humanitaria a la población más vulnerable del Departamento”.
Sin embargo, un año después, la Contraloría emitió un fallo (que puede consultar acá) en el que desvinculó a Iral de responsabilidad fiscal alguna.