Abandono educativo en el resguardo Aiwa Tuparro: Niños indígenas sin aulas dignas

Con el inicio del año escolar 2024 en el departamento del Vichada, la institución educativa Rincón del resguardo indígena Aiwa Tuparro en Cumaribo evidencia múltiples carencias que ponen en riesgo el proceso de aprendizaje de unos 280 estudiantes de la etnia sikuani.

La principal sede de esta institución, llamada «El Rincón», cuenta con apenas un salón construido en concreto por la administración municipal de Cumaribo. Las otras cinco subsedes o «escuelitas» anexas como Matorralito, La Guamita, San Luis, Santa Rosa y Agua Azul están edificadas de forma precaria con palos, tablas, palma y bahareque.

«Nos toca a nosotros con los padres de familia remodelar o cambiar el techo de palma cuando están muy deteriorados, y cuando llueve muy duro, se paran las clases, ¿cómo hace uno el acompañamiento pedagógico así, si se llueve por todos lados?», lamenta César Garibello, uno de los ocho docentes que laboran en estas improvisadas aulas.

“En el resguardo indígena Aiwa Tuparro, hay solo olvido, por allá no va ninguna entidad y la situación es muy difícil”, dice el profesor Esneider Romero. “Yo sé que a mucha gente no le importa, pero a mí sí me duele, como docente es triste ver a esos niños y niñas, a esos padres de familias, a esta comunidad y al resguardo abandonados”, explica el docente indígena de la comunidad San Luis.

La falta de infraestructura adecuada no es el único reto. Dentro de estos precarios salones no hay pupitres, tableros ni material didáctico suficiente para la enseñanza. El profesor Romero, quien en un pequeño espacio de 6×4 metros atiende a 91 alumnos, confiesa con tristeza: «Les consigo los materiales didácticos de mi bolsillo, porque me duele ver a esos niños sin cuadernos, sin dónde sentarse y sin recursos para aprender».

La escasez de recursos económicos de las familias impide que los representantes puedan proveer los útiles escolares básicos. «Lo que nosotros hacemos es colaborarles a veces desde nuestros propios recursos a las necesidades que tienen los niños, es lo que nos toca hacer por acá», agrega Garibello.

Otra problemática es el déficit de docentes. En subsedes como San Luis sólo hay dos maestros para 91 estudiantes, mientras que en La Guamita un solo profesor debe atender a 46 niños. Una sobrecarga estudiantil que dificulta enormemente las labores pedagógicas.

Trabajo comunitario para acondicionar los predios de la escuela.
Los habitantes de la comunidad organizando un salón de clases.

Los clamores de estos abnegados educadores indígenas son un llamado urgente para dignificar la educación de los pueblos originarios del Vichada. «Yo sé que somos indígenas, los niños también, pero quiero que salgan adelante porque la educación es un derecho», enfatiza Romero.

Las constantes solicitudes verbales elevadas a entidades como la Alcaldía de Cumaribo y la Secretaría de Asuntos Indígenas no han tenido eco. «Hicimos una solicitud al señor alcalde y hasta el momento no he recibido ninguna información ni nada, pues ahí están esas solicitudes», afirma Garibello.

Al profesor Romero, de la escuelita de San Luis, también le preocupa la calidad educativa de las escuelas del resguardo. “El Ministerio y la Secretaría de Educación hablan de la calidad educativa y de las metas de excelencia, a mí personalmente, como docente me molesta y me duele, porque aquí hay 91 estudiantes en malas condiciones, donde no tenemos cómo enseñar”. 

Desde la Secretaría de Educación Departamental reconoce haber heredado una deuda en infraestructura educativa rural. Su titular, Juan Carlos Colina, asegura tener proyectada la construcción de aulas y baños en Matorralito y La Guamita por estar ubicadas dentro del resguardo.

Sin embargo, las subsedes de San Luis, Santa Rosa y Agua Azul no serían priorizadas al estar supuestamente asentadas en predios privados de colonos, pese a ser comunidades indígenas. «Sería cuestión de que las organizaciones étnicas retomen esos asentamientos donde realmente podamos invertir», plantea Colina.

Mientras se resuelve esa situación predial, la Secretaría garantiza el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la continuidad laboral de los ocho docentes. No obstante, Colina es enfático en que «no es compromiso entregar útiles escolares, nuestro deber es el personal docente y las estrategias de acceso».

En cuanto a la dotación de mobiliario, reconoce que este año no se ha hecho por estar a la espera de realizar visitas técnicas para verificar matrículas y necesidades reales. «Es difícil en cuatro meses solucionar todos los problemas, pero enfocaremos las sedes más precarias», promete.

La cruda realidad es que cientos de niños y niñas indígenas de Aiwa Tuparro reciben clases en condiciones infrahumanas, en aulas que se caen a pedazos, sin pupitres, sin material didáctico y con una planta docente insuficiente para atender la demanda estudiantil.

Si bien los actuales gobernantes departamentales heredaron un lastre de abandono, urge revertir esta situación que atenta contra el sagrado derecho a la educación de las comunidades originarias del Vichada. Es hora de pasar de los lamentos a los hechos para que la infancia sikuani tenga un presente y un futuro dignos.

Los habitantes de la comunidad organizando un salón de clases.

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