40 tortugas para el consumo humano de una sola familia, ¿Supervivencia o depredación?

Una publicación realizada en Facebook por Jimmy Sáenz, un indígena del municipio de Inírida, generó reacciones encontradas y gran controversia en las redes sociales sobre la preservación de la fauna y la cosmovisión de los pueblos originarios.

En la entrada, que al aparecer fue borrada con posterioridad por su autor, se aprecia en varias  fotografías la caza de un significativo número de tortugas, dispuestas presuntamente para el consumo de una familia del resguardo La Ceiba, ubicado en la cuenca alta del río Inírida.

EL MORICHAL, conversó con Sáenz, quien además es el gobernador del resguardo donde tomo las fotografías. “Yo solo tomé las fotos, más no fui el que sacó esas tortugas, quienes las sacaron fue una familia que son miembros de mi comunidad, con el objeto de alimentarse y hacer intercambios por otros alimentos con otras familias del reguardo”, precisó el líder indígenas.

“Nosotros tenemos esa gran variedad de animales en nuestro territorio y nuestros indígenas se rebuscan su alimentación, el sustento de ellos es la caza que se hace por temporadas. No es una matanza, no es para vender, es sustento para una familia” justificó Sáenz.

Aunque para el gobernador indígena sus razones parecen ser muy obvias, para los internautas no es del todo así. En solo 15 horas la publicación de Jimmy se volvió popular en la red social debido a las reacciones y comentarios de la gente. Alcanzó a tener a menos 1.700 reacciones, cerca de 2.000 comentarios y se compartió más de 600 veces; la publicación fue eliminada del Facebook.

Tal vez lo que más llamó la atención fue el título y el estado con el que el líder indígena compartió las fotos. “Pa la Nueva Cuarentena” y “se siente bendecido”: esto acompañado de cuatro fotos donde sobre sale una especie de jaula o costal con al menos unas 40 tortugas, dato entregado por Sáenz a este medio de comunicación.

La CDA, autoridad ambiental en la región, explicó que no puede hacer mucho debido a que los hechos ocurrieron en territorio indígena, pero solicitaron a las comunidades indígenas a “hacer uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales, con el fin de garantizar la sostenibilidad del recurso para las generaciones futuras”.

Dentro del marco de la justicia ordinaria este hecho es tipificado en el Código Penal, de acuerdo al artículo 328, como ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el cual acarrea prisión de 48 a 108 meses y multa hasta por 35.000 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, por tratarse de ciudadanos de los pueblos indígenas, estos se rigen por una jurisdicción de justicia especial consagrada en la Constitución Política de 1991.