Tensión social con migrantes en Vichada será prioridad en Plan Nacional de Acción en DDHH

Foto: Gobernación de Vichada

Con el liderazgo de la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, culminó el octavo taller regional del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos a través del cual se logró un consenso con los ciudadanos y organizaciones del Vichada en torno a poner el respeto por los DDHH en el centro de la reactivación y así avanzar en la consolidación de la primera política pública de derechos humanos en la historia del país.

En un diálogo franco y abierto, los habitantes del departamento compartieron sus preocupaciones con miras a que el Plan Nacional de Acción DDHH recoja soluciones concertadas y plantee las posibles rutas de acción. La visibilización de los diferentes problemas resulta fundamental en el proceso de reconstrucción del tejido social y de la reactivación sostenible que requiere el país, para lo cual el Plan se convierte en la carta de navegación para los próximos años.

Para lograr un adecuado proceso de reactivación económica, los ciudadanos del Vichada aseguran que es fundamental mejorar la conectividad de transporte y de telecomunicaciones. Al respecto, la Consejera ha insistido en que “cualquier proceso de reactivación ‘Al Derecho’ requiere garantizar una política concertada de derechos humanos que sea la columna vertebral”.

Las zonas fronterizas con Venezuela son usadas por grupos armados como el Eln, disidencias de las Farc, Los Puntilleros y las Autodefensas Gaitanistas para actividades ilícitas de contrabando, narcotráfico, microtráfico y extorsiones. Según los habitantes del Vichada, de manera particular de Puerto Carreño, la presencia de grupos armados organizados genera riesgos tanto para los líderes como para la población civil en general, pero de manera especial de reclutamiento de adolescentes y jóvenes.

De otro lado, los habitantes del Vichada consideran que entre las prioridades en materia de derechos humanos es necesario fortalecer las acciones de atención de la población migrante venezolana dado que, al igual que ocurre con otros departamentos de frontera, ha venido agudizando la tensión social e impulsado manifestaciones de xenofobia.

Tanto en el Vichada como en las otras regiones donde hemos trabajado el Plan Nacional en DDHH, se ha logrado una participación amplia para garantizar la pluralidad, sensibilidad y priorización que permita alcanzar una concertación con todas las instancias de la sociedad civil. “El respeto y protección son la base de los derechos humanos y una responsabilidad de todos, por eso será fundamental lograr este acuerdo nacional de los derechos humanos en el que gobiernos y ciudadanos asuman compromisos”, dijo Nancy Patricia Gutiérrez.

Para la Alta Funcionaria, “lograr una conciencia colectiva de respeto y protección a los derechos humanos a propósito de la pandemia, representa la oportunidad de unirnos como personas, como sociedad, como planeta, es la oportunidad de reconstruirnos de la manera adecuada”.

Luego de agradecer el acompañamiento y compromiso con los derechos humanos del Gobernador del Vichada, Álvaro León, y del Alcalde de Puerto Carreño, Jair Beltrán, la Consejera Presidencial Nancy Patricia Gutiérrez recordó que el trabajo de protección de los derechos nos corresponde a todas las personas, ya que todos tienen el deber de respetar los derechos de los demás; sin embargo, resaltó el trabajo preponderante que tienen los mandatarios locales, dado que son los primeros respondientes de los derechos humanos en sus territorios.

Según la Consejera Presidencial, este Plan -que completó dos semanas de recorrido nacional-, es un instrumento de política pública fundamental para esta época donde registramos dos fenómenos de gran vulnerabilidad para los derechos humanos: en primer lugar la Pandemia de la COVID-19 que ha dejado por fuera del mercado laboral a cerca de 3 millones de personas en Colombia, pérdida de ingresos y deterioro en la calidad de vida, y en segundo lugar los problemas de violencia derivados de las acciones de los grupos armados organizados y de los grupos delincuenciales organizados mediante sus actividades criminales de narcotráfico, extracción ilícita de recursos naturales y el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

“Este Plan será el primero que un país implemente como respuesta a la Pandemia de la COVID-19. Será una respuesta clara del Gobierno del Presidente Iván Duque a los desafíos que en materia de vulneraciones de derechos humanos vive el país y soportará las apuestas de reactivación, la vacunación masiva de los ciudadanos y la atención a la población migrante. “La forma de recuperar a Colombia haciéndolo al derecho es partiendo de los derechos humanos y teniendo el eje del respeto como fundamental para accionar desde lo público”, puntualizó Nancy Patricia Gutiérrez.

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