La triste realidad de los asentamientos indígenas en Puerto Carreño

Esta publicación hace parte del proyecto Somos Enlace, liderado por la Fundación La Otra Juventud y apoyado por Unicef
La pandemia del COVID-19 ha terminado de agudizar la crisis social que hace años vienen sufriendo las comunidades indígenas que viven en la ciudad de Puerto Carreño. La falta de acceso a los servicios públicos, a la salud y la mendicidad son algunos de los males que soportan los Amorúa, Sikuani y Sáliba que han retornado de Venezuela. Desde El Morichal, quisimos indagar cómo están los niños, niñas, mujeres, personas mayores que diariamente nos encontramos por las calles de Carreño.

Como en casi todo pueblo colombiano, en Puerto Carreño las motos abundan. Eso es bueno para José Rodríguez, un indígena amorúa de 47 años que regresó al país hace siete meses desde Venezuela y ahora se gana la vida poniendo cartones en los sillines de las motos parqueadas bajo el inclemente sol que casi siempre sobrecoge a la capital vichadense.

Junto a él trabajan sus tres hijos de aproximadamente 5, 9 y 11 años. “A veces nos pagan 100 pesos, otras veces nos dan 1.000. Al día, a veces solo hago 2.000 pesos y mis hijos hacen otro poquito y completamos para comprar una libra de arroz y nada más, ni para el jabón -tan necesario en estos momentos- alcanza”, asegura.

El trabajo de ‘protector de motos’, junto a la mendicidad, se ha vuelto común entre niños y niñas indígenas que habitan Puerto Carreño, como una manera de subsistir. Rodríguez desconoce por completo que poner a sus hijos a trabajar es una actividad penada por la ley y que se enmarca como explotación infantil.

El trabajo infantil parece ser sistemático en algunas de las comunidades indígenas de la capital vichadense. Pedro Pablo Arrepiche, líder de la etnia sikuani, en el asentamiento de Piedras de Custodio 2, del barrio Simón Bolívar, asegura que “hay unos padres que no les gusta ir a trabajar y solo esperan que los niños salgan a la calle y les traigan dinero”.

La Policía de Infancia y Adolescencia también es consciente de la situación. “Hemos evidenciado que envían a los niños porque estos pueden llegar a tocar fibras humanas. Desafortunadamente las madres están en las calles esperando sentadas en los andenes a que los niños recojan el diario (monedas, comidas y sobras)”, explicó a este medio de comunicación el subintendente Luis Javier Niño, jefe de esa Policía en Puerto Carreño.

“Hemos visto que los hombres indígenas los fines de semana con el dinero colectado por los niños se ponen en estado de embriaguez”, afirma.

Con la pandemia, los días para los indígenas que habitan los asentamientos de Puerto Carreño se han hecho más difíciles. Casi ningún integrante de la familia trabaja y acuden a las calles como su único sustento. Con un virus circulante y por las malas prácticas sanitarias, se vuelven aún más vulnerables.  El subintendente Niño dijo que desde la reapertura del comercio se ha visto un notorio incremento de menores de edad indígenas efectuando actividades de mendicidad, poniendo cartones en las motos y reciclando.

Se trata de niños, niñas y adolescentes, que van desde los 4 años hasta los 14 años, quienes se ubican principalmente en la zona céntrica de la ciudad, en los establecimientos de comida. “En los comercios uno ya no puede comprar nada, porque al salir están los niños indígenas acosándolo a uno para pedirle dinero”, aseguró Claudia Mejía, una habitante de la ciudad.

Según datos de la Policía de Infancia del Departamento de Vichada, en lo corrido del 2020 han recogido de las calles entre 80 y 110 menores para ser llevados a un hogar de paso que tiene la Alcaldía o para ser entregados a sus padres, “pero a los pocos días vuelven a seguir realizando esta misma actividad”, indica el subintendente Luis Javier.

La prostitución y el consumo de drogas (pegante) también aquejan a la población indígena carreñense. “Para mí esto pasa porque muchas veces, nosotros los padres, no queremos tener responsabilidad para formar a nuestros hijos; estas niñas ni siquiera estudian”, explicó el líder indígena Arrepiche.

Cuando las autoridades encuentran a los menores de edad en estas situaciones, se limitan a llevarlos al hospital local o al hogar de paso para ‘reestablecerles sus derechos’, que en la mayoría de casos se reduce a que los niños y niñas son entregados a sus padres. “Tenemos unos casos en que los hemos dejado a disposición del hospital alrededor de 20 veces y siguen en la misma situación”, indicó el jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Aunque en Puerto Carreño hay un grupo especial donde se articulan todas las instituciones que tienen que ver con la infancia y adolescencia -el grupo GEM: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia, Asuntos Indígenas, Policía departamental, Comisaria de Familia y Gobernación, Alcaldía-, en el municipio parece no existir una política clara que apunte a solucionar la problemática de mendicidad, prostitución y consumo de drogas que se presenta en los menores indígenas hace por lo menos cinco años.

“Desafortunadamente acá en el municipio no contamos con un centro de atención… no hay un proceso de desintoxicación, recurren nuevamente a la calle y al consumo”, indica la Policía.

Otro ejemplo claro es el decreto emitido por la Alcaldía de Puerto Carreño para disminuir la presencia de niños en la calle. “Se les va a prohibir prácticamente que después de determinada hora estén en las calles. El decreto también llevará el tema de bebidas embriagantes, consumo de sustancias psicoactivas entre otras medidas… para disminuir que ellos se encuentren en calle para esta época decembrina”, explicó el alcalde Jair Beltrán.

En lo corrido del 2020 solo dos menores han recibido un tratamiento óptimo para la adicción a las drogas. “Enviamos uno para Medellín y el otro para Cali, para que se les haga un tratamiento ya en centros de rehabilitación y desintoxicación”, dijo el mandatario.

Carolina Tabares López, profesional del programa de primera infancia y adolescencia de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Gobernación del Vichada, asegura que la atención de la problemática es competencia directa de la Alcaldía. “Estamos a esperas de que el municipio tome las riendas”.

Una problemática binacional

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), por la crisis de Venezuela, miles de indígenas “transfronterizos” han decidido regresar al lado colombiano de su territorio ancestral.

La situación es especial en Puerto Carreño donde miles de indígenas de los pueblos amorúa, sikuani y sáliba “han tenido que soportar las condiciones inhumanas de la desidia estatal, habitando en condiciones deplorables en diferentes asentamientos, inclusive viviendo de los desperdicios en el botadero municipal”, aseguró la organización indígena.

En septiembre de 2019, un video publicado por un medio de comunicación nacional, en el que se mostraba a unos indígenas comiendo alimentos en estado de descomposición, alarmó al país. Un año después la ONIC visitó nuevamente el relleno sanitario y comprobó que nada ha cambiado: los indígenas siguen viviendo en el basurero. “Eso es algo muy lamentable… es reflejo de lo que ha hecho el Gobierno Nacional por los Indígenas”, explicó a EL MORICHAL el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de esa organización, Pedro Juan Moreno.

Para el alcalde de Puerto Carreño, la atención a esta población es compleja porque entre el 80% y 90% provienen del vecino país: “no tienen resguardo ni comunidades a donde ir y buscan una manera de subsistir a través del reciclaje y de muchos elementos que llegan al relleno para poder vender y tener un alimento”.

¿Están llegando las ayudas?

Según la ONIC, los integrantes de estas comunidades no cuentan con suficiente alimentación y las ayudas que entrega el Estado colombiano, a través de entidades como el ICBF, terminan siendo muy pocas. Prueba de ello sería la muerte de un menor indígena por desnutrición en julio de este año, según datos de la Secretaría de Salud Departamental. Arrechipe también denunció que en su comunidad tienen “un adulto mayor en situación extrema de desnutrición”.

Un anciano del asentamiento Piedras del Custodio 2 le dijo a EL MORICHAL que “por aquí lo que es la gobernación y la alcaldía han pasado haciendo los censos y eso, pero no se ha visto nada. Desde el año pasado no se ha visto nada de ayuda a los adultos mayores”.

Pero, el alcalde de Puerto Carreño, Jair Beltrán, defendió su administración diciendo que “ellos (los indígenas) han recibido alrededor de unas cuatro ayudas en el transcurso de la pandemia. Personalmente fui a cada una de las comunidades indígenas y en todas entregué (mercados)”. Para el mandatario local, negar las ayudas recibidas es un asunto cultural de los pueblos indígenas. “Usted hoy les está dando y mañana va otra organización y le dicen que nunca les han traído nada”.

Por su parte, Luis Manuel Aguilar, profesional de apoyo al programa de asuntos étnicos de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Gobernación del Vichada, indicó que durante la emergencia han realizado en los asentamientos indígenas de la capital vichadense campañas de promoción y prevención sobre el Covid-19, así como la entrega de kits de aseo.

Ayudas visibles y permanentes durante muchos años a los indígenas de Puerto Carreño han venido de parte de la Iglesia Católica, pero “por la pandemia y por los escasos recursos económicos, los comedores han estado cerrados”, indicó el Padre Daniel Salinas. Aseguró que desde Fundatakumi han estado apoyando con algunos mercados a la población indígena del municipio durante la emergencia.

Haciendo frente al COVID

“Al principio nos tocó improvisar unos tapabocas, los hicimos con trapo y tira para cuidarnos, algunos se burlaban, pero no teníamos más. Pero tenía que ser así, porque nosotros le tenemos miedo al Covid-19”.

“Meses después nos trajeron los tapabocas y por ahí la Gobernación nos dio un kit de aseo”, dice el líder indígena Arrechipe.

La ONIC ha precisado que a la fecha ninguno de los NNA (niños, niñas y adolescentes), adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad integrantes de los asentamientos indígenas de Puerto Carreño, cuentan con servicio alguno de salud. Una situación realmente preocupante en medio de una pandemia.

“Los indígenas han manifestado que han tenido muchas dificultades para el acceso a la salud, que toda atención ha sido por la presión y las diligencias de los líderes locales indígenas para recibir la debida atención requerida», precisó Moreno.

El pasado 3 de diciembre, un menor indígena de seis años con delgadez extrema falleció por un shock séptico asociado a un antecedente de una neumonía bacteriana.

Arrechipe asegura que, en su comunidad, varias personas presentaron los síntomas del COVID-19, pero tuvieron miedo de notificar a las autoridades de salud y optaron por formas ancestrales para su cuidado. “Usamos los medicamentos naturales, machacamos unas hierbitas que hay por aquí y nos curamos… nunca supimos si era ese coronavirus, pero nos hemos mejorado solos”.

En Puerto Carreño las autoridades de salud no han reportado ningún deceso por coronavirus en las comunidades indígenas. En Vichada 143 nativos han dado positivo para el virus.

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