Controlaría Departamental pone la lupa en los municipios de Vichada

Foto: Rosendo Rey (camiseta negra), durante el recorrido por los municipios de Vichada

En las auditorías regulares que realiza la Contraloría Departamental a las diferentes entidades administrativas de carácter municipal y departamental, el ente de control obtuvo varios hallazgos fiscales que, a criterio de Rosendo Rey, contralor departamental, son bastante preocupantes.

Las auditorías corresponden a la vigencia 2019 y fueron realizadas entre el 2 de septiembre y el 15 de octubre de este año, en las alcaldías, el Inder Cumaribo y la Institución Educativa Silvino Caro de la inspección de El Viento. La Contraloría ya tiene los informes finales de estas dos últimas instituciones y trabaja en la elaboración de los resultados preliminares de las alcaldías de Santa Rosalía, Cumaribo, La Primavera, así como de la empresa Siglo XXI que hace presencia en este último municipio.

Según Rey, en el Inder Cumaribo la auditoría arrojó 8 hallazgos fiscales en contratos donde “no hay claridad, no evidencia ni documentación”. Las presuntas irregularidades superan los $110 millones, una suma considerable si se tiene en cuenta que “es una entidad pequeña” que maneja poco menos 1.000 millones de pesos al año. El ejercicio de supervisión fiscal arrojó además 12 hallazgos disciplinarios y 3 penales, en la entidad deportiva. Como éstos no son competencia de la Contraloría, serán remitidos a las entidades respectivas “para que hagan lo propio”, declaró el funcionario.

Para el caso de la Institución Educativa Silvino Caro, se trata de unos hallazgos de tipo administrativo que ya fueron atendidos por el centro educativo en un plan de mejoramiento.

Con relación a los resultados de las otras auditorías realizadas, el jefe de la Contraloría indicó que aún no se puede emitir ningún pronunciamiento al respecto, debido a que todavía se encuentran en proceso.

Los líos del alcalde de Puerto Carreño

EL MORICHAL también conoció que por presuntas irregularidades ocurridas en años anteriores en el IDER Vichada, el alcalde actual de Puerto Carreño Jair Beltrán tiene, junto a Diego Alexis González y Fabio Hernán Beltrán (actual secretario de despacho de Puerto Carreño), una medida cautelar a través de la cual le embargaron el salario que recibe actualmente.

Según Rosendo Rey, “la situación que se generó, que es motivo de investigación, es un faltante en bancos (en la cuenta bancaria) por $308 millones en dos periodos, en dos vigencias fiscales (2016 y 2017)”. Sin embargo, como la investigación apenas se está adelantando, “puede darse que se logre demostrar que sean responsables, como también se puede dar que logren demostrar su inocencia, su falta de responsabilidad en lo hechos investigados y haya un fallo sin responsabilidad”, explicó el contralor departamental.

Entidades que juegan con las necesidades de la gente

Otro tema de interés y preocupación para el órgano de control fiscal es que algunas instituciones tanto del nivel departamental como municipal, vienen generando falsas expectativas laborales y promesas de vinculación por medio de contratos u órdenes de prestación de servicio a jóvenes profesionales. Son alrededor de 10 casos de engaños sobre los cuales ha tenido conocimiento la Contraloría, en su mayoría pertenecen a Puerto Carreño y Cumaribo.

Según la versión de Rosendo Rey, algunas de estas situaciones se han presentado en la Secretaría de Salud Departamental y con el programa ´Adulto Mayor´ de la Secretaría de Asuntos Indígenas del departamento. “Me refirieron en Cumaribo, que llamaron a unas personas para vincularlos laboralmente, estas personas tuvieron que pagar seguridad social, otras tuvieron que comprar unos elementos para prestar el servicio que iban a desarrollar y no se vincularon”, indicó el contralor.

Algo similar abría ocurrido en el INDER Vichada. Según Rey, algunas personas están trabajando “desde hace cierto tiempo y no han logrado devengar la mitad del tiempo laborado”. Esta sería una situación que se repite en buena parte de las instituciones presentes en el departamento, pero las personas involucradas no denuncian por miedo a represalias.

El funcionario del ente de control aseguró que en algunos casos los representantes legales de las entidades desconocen la situación denunciada y responsabilizó a los mandos medios, quienes actúan de esta manera y terminan afectando la imagen de toda una institución.

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