Indígenas denuncian amenazas en La Primavera

A finales de julio de este año se presentó un hecho que refleja claramente las ambigüedades que presenta la tenencia de la tierra en nuestro país. De un lado están los nuevos poseedores que se sienten con todo el derecho a defender su propiedad (sin importar como la hayan adquirido), y del otro quienes reclaman una posesión histórica y ancestral.

Esta historia se ubica en el municipio de La Primavera (Vichada) e involucra a la comunidad indígena de Santa Cruz – Newütuvu y un grupo de cinco hombres armados, en una finca llamada Villa Paola.

Según denuncia la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización de la sociedad civil defensora de los DD.HH. y D.I.H. que acompaña a comunidades campesinas e indígenas y víctimas del conflicto armado colombiano o en riesgo, la comunidad indígena involucrada, desde hace más de tres décadas fundó la comunidad indígena Santa Cruz – Newütuvü, colindante del actual resguardo La Llanura. Pero sufrió el impacto y el asedio producto del narcotráfico, fue desplazada en varias ocasiones por la violencia social y armada: en 1994 y 1995 por la guerrilla de las Farc; en el 2006 en un intento de retorno es desplazada por los paramilitares: amenazas, atentados, reclutamiento forzado, secuestro y desaparición forzada de uno de sus integrantes. “Razones que conllevan, a que la comunidad de Santa Cruz sea desplazada y recibida por la comunidad del asentamiento indígena de El Trompillo, ubicada en cercanías a la cabecera municipal del municipio de La Primavera”, asegura la Corporación.

La denuncia precisa que “de forma irregular y en el marco desconociendo la posesión territorial de la comunidad indígena, el INCODER titula estos tres predios (Villa Paola, La Prosperidad y Danubio) a personas foráneas. Desde estos momentos, los predios en mención han sido vendidos varias ocasiones a foráneos que nada tiene que ver con el pueblo Sikuani”.

Toda esta situación ha hecho que las 79 personas que conforman 14 familias de la comunidad de Santa Cruz – Newütuvü se declaren víctimas del conflicto e intenten recuperar esos predios. “Por medio de la Resolución RZE 0892 del 2 de noviembre de 2018, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), culmina estudio preliminar del territorio colectivo del resguardo La Llanura y de la parcialidad Santa Cruz – Newütuva, evidenciando un escenario de despojo y desplazamiento de las familias que habitaron allí”, explica organización defensora.  

Sin embargo, argumentando demoras en el acceso a la reparación de sus derechos como víctimas individuales y colectivas del conflicto armado, y frente a la actual situación de pandemia que ha profundizado la imposibilidad de obtener recursos por medio de la caza, siembre, pesca o trabajos informales, los indígenas decidieron retornar voluntariamente al territorio que dicen pertenecerles.

Bajo esas circunstancias es que la comunidad indígena denuncia las amenazas. Hasta el lugar denominado el planchón (comunidad Miranda) llegó el pasado 26 de julio en horas de la tarde una camioneta de la que se bajaron cinco personas que portaban armas de largo y corto alcance, “apuntando en todo momento contra la comunidad, obligándolas a salir del lugar donde se encontraban asentadas, apoderándose de sus pertenencias como ropa, motos, y útiles de trabajo y con palabras amenazantes”, dice la Corporación.

Sin embargo, la Guardia indígena del resguardo La Llanura fue alertada de lo que acontecía. Fueron momentos de tensión entre los hombres armados y la comunidad. Luego de seis largas horas, los amenazantes abandonaron la comunidad.

Esta vez el pulso lo ganaron los indígenas. Pero si el Estado colombiano no toma acciones inmediatas al respecto, en una próxima oportunidad esa puja por el territorio puede dejar hechos que lamentar.

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