La tragedia de Libardo Chipiaje

Libardo Chipiaje Yanave es un humilde joven indígena de 28 años que en 2018 protagonizó un delicado accidente en Puerto Carreño, Vichada, que hoy en día lo tiene atado a una silla de ruedas con un triste diagnóstico médico y en el cual están involucrados legalmente la administración municipal y departamental, así como la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerto Carreño (EMPCA).

El hecho se presentó a finales del 2018 en la capital vichadense, cuando Libardo, quién vivía en la comunidad de San Antonio, inspección de Casuarito, visitó la ciudad por motivos personales, pero como se había quedado sin dinero ni pasajes para su retorno, decidió trabajar en el reciclaje de basura por unos días y así conseguir efectivo para devolverse a su casa.

En su afán de trabajo, asistió al relleno sanitario de la localidad donde se disponen los desechos que produce la población. Libardo, cuenta que se encontraba clasificando, recolectando latas y potes en medio de la basura, cuando llegó un camión del aseo urbano de EMPCA. Cuando el colector empezó a hacer la descarga de los desechos indígena se acercó para observar el contenido y fue tragado por la compactadora del vehículo, la cual lo expulsó al mismo tiempo.

Según el relato de Chipiaje, “todo sucedió muy rápido”. Lo único que recuerda son los gritos de las personas que estaban junto a él para avisar lo sucedido al conductor del camión. “Sé que después ellos me llevaron al hospital, allí estuve poco tiempo y después me remitieron a la ciudad de Villavicencio, allá sí estuve varios meses”, expuso el afectado.

En el Hospital Departamental de Villavicencio Libardo fue operado y asistido medicamente de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones. Posterior a varios exámenes médicos y de laboratorio fue diagnosticado con ‘paraplejia no específica’ ya que su columna vertebral sufrió un daño que le afecta la motricidad e impide la movilidad sus piernas.

A comienzos del 2019 Chipiaje retornó a su tierra natal junto a sus familiares, con el apoyo de algunos colaboradores. “El concejal Edward Garcés, fue el que me pagó el transporte para regresar a Puerto Carreño. Es uno de los pocos que me ha ayudado en mi tragedia” dijo el afectado. 

Según el informe médico y demás documentos de salud a nombre de Libardo Chipiaje, refieren que el paciente debe cumplir ciertas indicaciones, indispensables para su cuidado y avance médico, entre ellos: realizar terapia física integral por paraplejia, utilizar silla de ruedas, hacer cambios de posición cada cierto tiempo, mantener dieta corriente y utilizar para el descanso y reposo un colchón anti escaras. Indicaciones que el afectado no ha podido cumplir a cabalidad porque no tiene ni los recursos económicos, ni cuenta con la asistencia del gobierno.

“No he tenido ayuda y asistencia médica de nadie para mejorar mi salud. Yo generalmente me siento con dolor de espalda, se me hacen llagas, se me hinchan los pies y no tengo cama para dormir bien, yo duermo es un chinchorro viejito que tengo, a veces duermo en el suelo porque siento un poco de alivio ahí. Cuando siento mucho dolor voy al pueblo, al médico y me dicen que no tienen que darme, estoy muy necesitado, clamo por alguien que me ayude”, manifiesta Libardo.

“Llevo sentado en esta silla de rueda dos años, no he recibido ayuda del gobierno, estoy solo con mi familia, además soy padre de dos niñas de diez y doce años. Yo antes de este accidente podía mantener a mi familia y ahora ya no puedo”, dice el joven indígena.

Isabel Chipiaje es la esposa de Libardo. Desde hace dos años ella ha tenido que llevar las riendas del hogar. “A mí me ha tocado sola, no tengo trabajo.  Con mis niñas nos ha tocado muy dura esta situación, no tengo dinero para mantener a mis hijos, aquí toca comer un día sí otro día no”, comenta la mujer.

Por eso solicitan ayudan, “un mercadito, con trabajo y que Libardo sea atendido medicamente”.

Una demanda a las entidades involucradas

Actualmente, el caso se encuentra en litigio por daños y perjuicios en la salud, lucro cesante laboral y demás daños emergentes en contra de la administración municipal de Puerto Carreño, la Gobernación de Vichada y EMPCA.

EL MORICHAL conoció que legalmente ya se agotó el proceso de conciliación ante la Procuraduría Administrativa de la ciudad de Villavicencio (Meta), como requisito de procedibilidad, donde se exponen las pretensiones a favor del joven indígena afectado. La demanda se presentó ante los juzgados administrativos y se está a la espera de su admisión.

Frente al relleno sanitario concretamente, desde el 2019 la Superintendencia de Servicios Públicos, informó a través de su vocera que se investigaría su operación por presentar irregularidades, no cumplir con la normatividad y presentar deficiencia en la disposición de los desechos en esa zona.

Te gustó? Compártenos en tu red

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *