En Vichada ocurren hechos que los órganos de control sí deben investigar con urgencia y eficiencia: Julio Cesar Hidalgo

Hace pocos días la Procuraduría General de la Nación hizo pública la destitución e inhabilidad por diez años para ejercer cargos públicos al rector de la Institución Educativa Antonia Santos, de Casuarito Vichada, Julio César Hidalgo Agatón, por participación indebida en política.

El profesor Hidalgo, colaborador ocasional de este medio de comunicación, accedió a hablar con nosotros respecto a la decisión del Ministerio Público.

¿Qué tiene que decir respecto a la sanción disciplinaria que le imputó en primera instancia la Procuraduría del Vichada, por presunta indebida participación en política?

Soy respetuoso de las instituciones y sus decisiones, pero en esta ocasión no acepté este primer fallo, por eso apelamos el veredicto y en la segunda instancia, junto con mi abogado, demostraremos las irregularidades que vician esa decisión.

¿Cuáles irregularidades?

Nos sorprendió que se haya abierto en tiempo record un proceso disciplinario verbal abreviado, fundamentado en una prueba de confesión que nunca existió y que tampoco apareció en el expediente; lo cual, según lo manifestado por algunos abogados penalistas consultados, esta conducta constituiría un presunto delito de prevaricato por parte de la procuradora.

Por otra parte, una de las pruebas es un comentario que hice en Facebook, atendiendo a una invitación del alcalde municipal, donde sugerí a los carreñenses a votar para que el recinto del concejo municipal se llamara Efraín María Azabache, un destacado líder comunitario e historiador, la procuraduría en su afán de buscar pruebas y de manera equivocada, creyó que el señor Efraín era un candidato en las pasadas elecciones, cuando todos sabemos que falleció hace mucho tiempo.

¿Cuáles son los argumentos para su defensa en segunda instancia y como cree que fallará el ente de control?

Creo que la Procuraduría en segunda instancia fallará en derecho y el derecho nos dará la razón; porque como lo dije antes, nunca he utilizado el cargo de rector para favorecer a un candidato o partido político y tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han emitido sentencias y fallos en casos similares, y que nos dan certeza de que tenemos la razón.

Esta sanción es un exabrupto, en el país y en el Vichada ocurren hechos que los órganos de control sí deben investigar con urgencia y eficiencia. Destituir he inhabilitar por diez años a un rector de un colegio rural por hacer comentarios en Facebook es una demostración de que la justicia tiene fallas enormes. Quiero pensar eso y no de que se trata de una forma de silenciar a quienes nos atrevemos a expresar de manera libre nuestros pensamientos y posturas.

Usted ha sido un rector destacado, que ha recibido algunos reconocimientos por su gestión. ¿Cómo recibe ahora la medida de la Procuraduría?

Efectivamente el año pasado ganamos el Foro Educativo Departamental, en el Foro Educativo Nacional dejamos en alto al departamento del Vichada con un segundo lugar, también nuestro trabajo comprometido fue galardonado en la Noche de los Mejores en Educación.

Este año la Gobernación del Vichada y la Secretaría de Educación nos otorgó reconocimientos por los resultados de nuestra gestión como rector de la Institución Educativa Antonia Santos. He sido un directivo docente y que defiende los intereses de las comunidades rurales. Eso me ha generado algunos detractores y críticos.

La medida la recibí con mucho asombro, ya que en veinticinco años de servicio público nunca había pasado por una situación similar. Considero esta medida como una violación a mis derechos como ser social ; porque he actuado siempre apegado a la ley y en este caso a los artículos 40°, 95° y 127° de la Constitución Política, como ciudadano tengo derechos y el hecho de ser servidor público no me impide acceder a estos. Nunca he utilizado mi cargo para favorecer ninguna causa política, mis opiniones, comentarios y acciones en ese sentido, son en el ejercicio mis derechos y deberes como ciudadano y por fuera del contexto laboral.

Tengo la obligación de anotar también, que el Congreso de la República está en mora de emitir una Ley Estatutaria que reglamente la participación en política de los funcionarios públicos, que la misma constitución nos autoriza, según sentencia 454 de 1993 de la Corte Constitucional. Los únicos funcionarios públicos que definitivamente no pueden participar en política son los miembros de la fuerza pública, órganos de control, rama judicial y organismos electorales; los demás sí podemos, pero el Congreso en esa materia no ha legislado y esa inoperancia no puede restarle derechos constitucionales a los ciudadanos y la carta política es la norma superior.

¿Cómo ha recibido la comunidad educativa esta sanción?      

Con absoluto rechazo, he recibido mensajes de apoyo de maestros, estudiantes, padres de familia, amigos y demás personas del sector educativo que conocen de mi trabajo. A ellos muchas gracias por su solidaridad. Estoy tranquilo y convencido que el fallo de segunda instancia será favorable.

 

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