Suspensión provisional a dos funcionarias de la gobernación del Guainía por posibles irregularidades en proceso de contratación

Por: Cesar Mora - Inírida

El pasado 20 de noviembre de 2019, el Procurador Regional de Guainía, resolvió ordenar la suspensión provisional, por el término de tres meses, de las señoras Nancy Alexandra Sánchez Correa, en su condición de Secretaria de Jurídica y de Contratación del Departamento de Guainía, y Adriana Patricia Mesa Echavarría, en su condición de Secretaria de Educación Departamental de Guainía e integrante del comité evaluador de la Selección Abreviada SAS-SEGSG No. 16 de 2018.

El proceso de investigación inició hace un año, cuando Cristian Eduardo Gonzáles Triana interpuso una queja ante la Procuraduría Regional de Guainía por posibles irregularidades en la Selección Abreviada SAS-SEGSG No. 16 de 2018.

EL MORICHAL tuvo acceso al documento emitido por la Procuraduría Regional de Guainía, donde se cita la queja de Gonzáles Triana, esto afirma: “(…), el desarrollo del proceso fue normal hasta el día de la publicación de del informe definitivo de evaluación de las ofertas en donde el proponente CONSORCIO DOTACIÓN 2018 integrado por las empresas INVERSIONES ISIS SAS y una Fundación que no recuerdo ahora el nombre fueron evaluadas como no cumplen los requisitos habilitantes, a partir de la publicación en el Secop de este informe fui llamado por la doctora Sánchez a fin de discutir el concepto jurídico que había expresado en virtud de mi designación como comité evaluador del proceso de selección abreviada No. 16-2018, frente al requerimiento de la doctora Sánchez tuve a bien explicarle que la oferta del proponente no cumplía con las condiciones contenidas en el pliego, pues no acreditaba en principio el cumplimiento de las normas técnicas colombianas para la dotación que se pretendía adquirir (…).

La narrativa de la queja continua describiendo el proceso por medio del cual la Secretaria de Jurídica y de Contratación intenta convencer a Gonzáles Triana de que cambie el concepto jurídico a favor del consorcio citado, hasta el punto, que Gonzáles declara: “me manifestó que era obligatorio que el consorcio dotaciones 2018 quedara habilitado para el evento de la subasta, a este propósito me recomendó que la información que el proponente había enviado al correo electrónico definido por a administración para recibir comunicaciones atinentes al proceso fuera reemplazado por otro que enviara el proponente sin que en él se incluyera la fecha, yo le manifesté a la doctora que lo que me proponía estaba al margen de la ley (…), ella me indagó sobre la solución que deberíamos aplicar para el problema porque según versión de la doctora Sánchez de la cual tengo grabación, la dotación que se pretende adquirir ya había sido comprada por la esposa del gobernador y ese sentido era necesario que a este proponente se le adjudicara (…).

El proceso continuo y la Procuraduría Regional inició indagación preliminar en contra de Nancy Alexandra Sánchez Correa, en su calidad de Secretaria de Jurídica y de Contratación, y a Adriana Patricia Mesa Echavarría, en calidad de Secretaria Ejecutiva con funciones de Jefe de Personal de la Secretaría de Educación Departamental de Guainía e integrante del comité evaluador del citado proceso de contratación.

El proceso de investigación de la Procuraduría Regional arrojó que a través de la Resolución No. 1931 de 20 de noviembre de 2018, se modificó el comité evaluador de la selección abreviada, sacando del mismo a Gonzáles Triana y quedando ahora integrado por Adriana Patricia Mesa, profesional de la Secretaría de Educación (parte técnica), Yuly Andrea Pinzón Ruiz, contratista de la Secretaría Jurídica (parte financiera), y Johana Cristina Orozco Medina, contratista de la Secretaría Jurídica (parte jurídica). Es decir, Sánchez Correa retrocedió una selección abreviada cambiando al comité evaluador para beneficiar a un proponente.

Por su parte, Mesa Echavarría “participó en la evaluación de los requisitos habilitantes realizada el 29 de noviembre de 2018 a pesar que, desde el 20 de noviembre de 2018 finalizó dicha etapa de evaluación, actuación con la cual, al parecer, desconoció el principio de economía que regula la contratación estatal”.

La Procuraduría Regional de Guainía conforme a el primer inciso del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, decide suspender provisionalmente a Sánchez y Mesa, pues la medida prohijada se adopta durante el proceso de juzgamiento, también, la actuación se adelanta por faltas disciplinarias calificadas como graves o gravísimas, y, existen serios elementos de juicio que permiten deducir, que la permanencia en el cargo función o servicio público, posibilita la interferencia de las implicadas en el trámite de la investigación.

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