La ONIC denuncia vulneración de Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas en Vichada

Los Pueblos Indígenas Amorúa y Sikuani que se encuentran asentados en los puntos denominados Piedra Custodio y Cerro Bita, ubicados en la ciudad de Puerto Carreño,  denuncian a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que el gobierno colombiano, en cabeza de la alcaldía de Puerto Carreño y la gobernación del Vichada, así como las demás instituciones estatales del nivel nacional, no les han dado atención oportuna que garantice sus derechos y de solución a las graves problemáticas de asentamiento que se presentan en estas comunidades.

La ONIC dice que los indígenas Sikuani y Amorúa, mayoritariamente provenientes del país de Venezuela, que desde hace más de 4 años están asentados a las afueras del municipio de Puerto Carreño y a orillas del Río Meta, en Piedra Custodio, actualmente no cuentan con atención integral en salud ni educación y, a la fecha la Cruz Roja solo ha realizado dos brigadas de salud y la alcaldía, a comienzos de este año realizó una. Adicionalmente la atención médica que brinda el municipio es únicamente en casos de urgencias.

Este grupo está conformado por aproximadamente 160 personas dentro de los cuales hay 67 menores de edad, 21 menores de 4 años, 6 adultos mayores 4 personas en situación de discapacidad y dos mujeres en estado de embarazo. Hay un grupo de menores de edad que son atendidos por el programa 1000 días del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sin embargo denuncia la comunidad que esta atención no es brindada a todos los menores, pues según ellos, el ICBF ha decidido no brindar atención a la totalidad de menores, ya que, de acuerdo a su juicio, los menores “no están bajos de peso” y por esto no requieren ningún tipo de atención por parte del Estado colombiano, dice la organización indígena.

En el asentamiento hay tres comunidades de los Pueblos Amorúa y Sikuani, que ante la falta de garantías en salud, educación y trabajo; trabajan esporádicamente recolectando algodón en los meses de enero a marzo, y denuncian que están siendo víctimas de explotación laboral, pues el pago es poco y no cuentan con condiciones mínimas de dignidad ni de seguridad social. Según la ONIC reciben aproximadamente diez mil pesos por día de trabajo, evidenciando un abuso por parte de los empleadores, y que en ocasiones en que se han presentado accidentes laborales, no han contado con la atención hospitalaria requerida porque no tienen documentación.

El reciclaje es otra forma de subsistencia de esta población, sin embargo el desarrollo de esta labor se ha visto limitada desde que el Alcalde de Puerto Carreño decidió invertir en el cierre del botadero de basura sin dar una alternativa, agravando la situación que atraviesan actualmente estas comunidades. Esta situación de prohibición de su ingreso al botadero tuvo acciones por parte de la fuerza Pública que pusieron en grave riesgo la vida de los indígenas al accionar sus armas contra un grupo que intentaban realizar sus actividades de reciclaje, denuncia la ONIC, que lo anterior se ve agravado por la orden del alcalde de expulsarlos del asentamiento, en razón a que en su concepto este es un lugar turístico, ignorando que milenariamente este es un territorio ancestral de los Pueblos del Vichada, y ha sido habitado por ellos históricamente.

Por otro lado, existe otro asentamiento en Cerro Bita. Este grupo está conformado por aproximadamente 130 personas dentro de los cuales hay 60 menores de edad, 16 menores de 4 años, 3 adultos mayores 1 persona en situación de discapacidad y 3 mujeres en estado de embarazo.

Según la organización indígena, este asentamiento además de compartir la misma problemática de Piedra Custodio, también fue agredida por parte de miembros de la fuerza pública a su llegada. El ICBF ha hecho presencia para entrega ayudas del programa 1000 días, únicamente a tres familias lo cual no termina de atender las necesidades de todos los menores de ese lugar. La Alcaldía y la Fuerza Pública también han hecho presencia pero para expulsarlos de manera forzada. El argumento del alcalde según la ONIC, se refuerza en que ese es un lugar turístico en razón a que queda ubicado más cerca a Puerto Carreño.

Finalmente la población indígena afectada, a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia, le exige a las diferentes instituciones del gobierno colombiano, que atiendan todas sus necesidades, les den garantías en salud, educación, vivienda y economía. Piden jornadas de salud que verifiquen el estado nutricional de los menores y, también piden presencia de la Registraduría. Adicional a ello la ONIC reitera la denuncia frente a la construcción de un plan de acción en el cual están involucradas instituciones locales y nacionales, y no existe participación de las autoridades indígenas locales, ni de los líderes de los asentamientos como de ninguna autoridad ni organización del orden nacional. Ellos piden que las organizaciones locales sean tenidas en cuenta: ASOCSIAM, ORPIBO, AUTIPC, CRIVI y la misma ONIC.

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