Cumaribo: Presuntas irregularidades en contratación del PIC 2019

Durante los últimos ocho años la contratación y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en el municipio de Cumaribo ha estado plagado de irregularidades, al punto de que Ardulfo Romero (alcalde 2012 – 2015) y Hermengildo Beltrán (electo para el periodo 2016 – 2019), fueron capturados por la Fiscalía en enero de 2018 por presuntos casos de corrupción asociados a la ejecución del PIC.

Sumado a eso, es preciso referenciar que a inicios de este mes la Procuraduría General de la Nación sancionó (en fallo de primera instancia) con suspensión del cargo por diez meses al alcalde (e) Wagner Cuéllar Brasil, por no contratar y ejecutar a tiempo los recursos del PIC, vigencia 2018.

Para el caso del PIC 2019, faltando apenas cuatro meses y medio para terminar el año la Alcaldía de Cumaribo firmó dicho contrato, por un valor de $2.281 millones de pesos. La entidad contratista es la IPS Región Viva SAS, quienes tienen un plazo de seis meses para ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas.

Según un documento generado por la Secretaría de Salud del Vichada, al cual tuvo acceso EL MORICHAL, la contratación del PIC 2019 está plagado de irregularidades.

En un oficio dirigido a la Procuraduría General de la Nación, regional Vichada, la entidad territorial de salud enumera las que serían una serie de inconsistencias a la hora de adjudicar el contrato del PIC de este año.

Uno de los cuestionamientos de la Secretaría de Salud tiene que ver con el hecho de que la contratación del PIC no se realizara con el Hospital San Juan de Dios, quienes se presentaron al proceso de contratación pero fue descartados pese a que la normatividad establece, en la Resolución 518 de 2015, que la “Entidad Territorial contará prioritariamente con las Empresas Sociales del Estado ubicadas en el territorio”.

Además, según la cartera de Salud, el Hospital “se calificó desfavorablemente en la capacidad financiera, sin embargo, la misma tiene presencia en los 4 municipios y a pesar de que se encuentra en un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, no tiene pasivos”.

Para la Secretaría de Salud, la evaluación que debía hacer la Administración Municipal a cada uno de los oferentes no cumplió con la capacidad técnica y operativa, concretamente para la ESE Departamental “No se hizo como debía hacer, toda vez que la evaluación se realizó dentro del proceso de contratación; sin embargo, de acuerdo al artículo 14 de la Resolución 518 de 2015, la misma debía hacerse previamente para intentar la contratación directa por la ESE, teniendo en cuenta que el PIC 2018 se contrató con otra IPS (UNUMA) sin que cumpliera con lo establecido en el artículo 17 de Resolución 518”, dice el oficio entregado a la Procuraduría.

Otra regularidad aparente giraría en torno a que en el proceso de contratación la Alcaldía no cumplió los criterios establecidos para verificar la capacidad técnica y operativa de los oferentes.

Uno de los requisitos es tener mínimo dos años de experiencia relacionada con la ejecución de las acciones que se pretenden contratar. Según “el informe final de evaluación… se observa en el ítem de experiencia que la IPS REGIÓN VIVA SAS aportó cuatro (4) contratos sumados los plazos de ejecución de estos, dan 26 meses. Sin embargo, de acuerdo a los documentos aportados, los posibles contratos se ejecutaron en 2011, esto es, hace más de 7 años”, argumenta la Secretaría.

Además, entre los documentos adjuntados por Región Viva SAS, no se entregó la evaluación de ejecución técnica y financiera del último contrato suscrito con una entidad territorial, incumpliendo otro de los requisitos de la Resolución 518 de 2015. Según la cartera de salud departamental, lo que la IPS aportó fue una certificación firmada por el Secretario de Gobierno del Municipio de la Macarena – Meta, referente a un contrato de prestación de servicios ejecutado en 2011. Sin embargo, dicha certificación no cumple algunos de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones del contrato de selección abreviada con el que se contrató el PIC vigencia 2019. Se omitió la fecha de suscripción y/o inicio del contrato y fecha de terminación; no estipula el valor del contrato ejecutado e hizo falta estipular el plazo de ejecución del contrato.

Otro dato curioso es que la IPS Región Viva SAS omitió entre su experiencia  un contrato ejecutado en 2018 con la Secretaría de Salud de Vichada, a través de la Unión Temporal Región Viva. El contrato, por un valor de $435 millones, tenía el objetivo  de fortalecer varias acciones diferenciales en materia de salud para los grupos vulnerables en el Departamento de Vichada. No obstante, a la fecha este se encuentra en proceso de liquidación y “solo se logró demostrar la ejecución del 24.1% de las actividades”; es decir que se evidencia un incumplimiento del 75.9%.

La Dirección Territorial de Salud de Vichada también encontró que al momento de la adjudicación del contrato, Región Viva SAS no se encontraba habilitada por parte de la Secretaría de Salud para realizar acciones en el marco de la estrategia SAFE, así como el suministro de medicamentos, toma y lectura de baciloscopia, tamizaje con pruebas rápida para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C; modalidad extramural. Según la cartera de salud, “dentro del proceso de evaluación final, en el ítem de capacidad jurídica, se les calificó como favorable”, pese a que este era un requisito obligatorio para los oferentes. Solo hasta el 18 de agosto, seis  días después de haber firmado el contrato, la IPS solicitó a la Secretaría Departamental de Salud la respectiva habilitación. Al 24 de septiembre el proceso de habilitación no había logrado avanzar por incumplimientos en los requisitos habilitantes.

Otra presunta irregularidad estaría asociada a la presencia física de la IPS en el municipio. Según la Resolución 518 de 2015, “en el evento de que las IPS públicas no cuenten con la capacidad técnica y operativa, la entidad territorial podrá contratar las acciones PIC con instituciones prestadoras de salud privadas ubicadas en el municipio”. Sin embargo, en una visita realizada por la Coordinadora de Salud Pública de la Secretaría a las instalaciones de la IPS en el municipio de Cumaribo, la funcionaria logró evidenciar que en la dirección suministrada por Región Viva, funcionaba un restaurante. Esta versión coincide con la de un habitante de Cumaribo consultado por este medio de comunicación, quien expresó que el lugar fue acondicionado por la IPS una vez firmó el contrato del PIC.

Toda esta información, junto con los documentos que la soportan, ya está en manos de la Procuraduría General de la Nación. Esta situación parece reafirmar la idea de que el ‘Talón de Aquiles’ de los Alcaldes del Municipio de Cumaribo es la contratación del Plan del Intervenciones Colectivas.

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