Defensoría del Pueblo vistó el basurero de Puerto Carreño para evidenciar realidad social que padecen las familias que viven allí

Por: Gardenia Rebolledo - Puerto Carreño

Una delegación de la Defensoría del Pueblo Regional Vichada visitó el botadero de basura para constatar la problemática social y la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas residentes en esa zona.

En el área, conviven desde hace un tiempo varias familias pertenecientes a los comunidades indígenas del pueblo Amorua y familias provenientes de Venezuela, apostadas en pequeños cambuches improvisados, carpas hechas de plástico, latas viejas y palos, entre otros objetos reciclados por los indígenas y habitantes del vertedero de basura.

Hasta el relleno sanitario llegaron el pasado 17 de julio la defensora del pueblo regional Vichada, Aura Milena Upegui y su equipo de trabajo; el defensor delegado para los grupos étnicos, Jaime Escruceria de la Espriella; el personal de la empresa encargada de la recolección de residuos y desechos en la capital vichadense.

De acuerdo a la realidad evidenciada en el recorrido, el ente responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos, promovió de forma inmediata una reunión con la Administración Municipal para que se ejecuten las acciones necesarias que garanticen el derecho pleno de las familias radicadas en esa zona, las cuales presentan una problemática alimenticia, de vivienda, educativa, cultural y social alejada de las garantías propias que merecen.

En la reunión hicieron presencia algunos representantes de los grupos étnicos, líderes sociales, cuerpos de seguridad y la representación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social Departamental, entre otros asistentes.

Allí se plantearon alternativas para mejorar la problemática existente. Además, se exigió que en la reubicación de las familias indígenas por parte de la institucionalidad local, se les proporcione un trato digno, respetuoso y coherente con a su entorno étnico cultural.

Con respecto a ello, una gobernadora indígena expresó tener conocimiento que desde el día anterior a la visita efectuada, se trasladaron bajo la figura de retorno voluntario a dos grupos de familias indígenas para el resguardo de Meseta Dagua con el acompañamiento de la Gobernación y la Alcaldía.

Igualmente indicó su preocupación ante estos traslados. “Yo estoy de acuerdo que se reubiquen a estas familias en un sitio digno, pero me preocupan las garantías por parte de la institucionalidad, ya que no es reubicarlo y darle un mercado por mes. Se trata de brindarle las herramientas necesarias para el trabajo y hacerle el acompañamiento mínimo de seis meses, porque de lo contrario vuelven y se regresan a vivir al relleno sanitario”. Posteriormente exigió la presencia del Instituto de Bienestar Familiar por la gran cantidad de niños movilizados.

Por su parte, la Administración municipal se comprometió a formular en el lapso de dos meses un plan de acciones para atender la situación real que padecen las familias indígenas que habitan en el botadero de basura.

Y desde la Defensoría del Pueblo regional Vichada indicaron que realizarán las acciones pertinentes a nivel nacional con el objetivo de fortalecer este plan de atención integral que se presentará, y con el cual se busca garantizar los derechos humanos de los grupos étnicos y migrantes, bajo el precepto del respeto de la dignidad humana y la optimización de mejores condiciones de vida, especialmente en los más vulnerables.

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