Casuarito iría a paro cívico indefinido si no se atienden problemáticas que afectan a esa comunidad

Foto: Archivo particular

Varias problemáticas que llevan años sin resolver y otras que han surgido recientemente, llevaron a la comunidad de la Inspección de Casuarito a tomar una decisión drástica, realizar un paro cívico si sus denuncias no son atendidas por las autoridades competentes.

EL MORICHAL conoció un documento radicado en la mañana de este cuatro de abril por parte de los habitantes de Casuarito ante la Gobernación de Vichada en el cual exponen varias irregularidades, que de no ser atendidas antes del 15 de abril, realizarán un paro cívico indefinido.

Entre los inconformismos de la comunidad está el hecho de que “las ocho horas diarias del servicio de energía eléctrica, no garantiza la cadena de frio que requieren los productos que acá se comercializan, situación que afecta mucho a los comerciantes y finalmente a los consumidores. Las familias también son afectadas por no poder conservar sus alimentos perecederos. Nuestros hijos vienen siendo afectados en su formación académica al no contar con las clases de informática, igualmente escasa ventilación e iluminación en las aulas y otros espacios”, precisa el comunicado.

Y es que según la comunidad, “todos los años se presenta la misma situación, dado que nos ofrecen aumentos en las horas del servicio de energía eléctrica cuando los mandatarios de turno tienen la voluntad de subsidiar una mayor intensidad horaria de este importante servicio público. El señor gobernador y el señor alcalde el año pasado se comprometieron públicamente a ofrecernos mínimo veinte horas diarias de este servicio básico, promesa que no se le ha dado cumplimiento”.

Los habitantes de Casuarito también exigen a la Gobernación “que el puesto de salud cuente con profesionales como médico y odontólogo que garanticen nuestro derecho a la salud, al igual que tenga los equipos y el suministro de medicinas necesarios”.

El acceso al agua potable es otro dolor de cabeza para los habitantes de esta comunidad. “Requerimos con urgencia una solución definitiva que nos garantice agua potable y apta para el consumo humano; petición que desde hace muchos años venimos solicitando; pero que a la fecha no se ha atendido positivamente; por el contrario vemos despilfarro de los recursos públicos en obras relacionadas con este servicio y convertidas en elefantes blancos”, expresan.

Además, están solicitando “adecuar el terraplén sobre el puente del Caño Casuarito, debido a que en la temporada invernal esta inspección queda incomunicada por vía terrestre. También el acceso y salida del puente San Roque”. Igualmente, reclaman el “mantenimiento y adecuación del malecón, pues esta construcción es un atractivo turístico que merece conservarse en excelentes condiciones”.

La comunidad de Casuarito expone que “en repetidas ocasiones nos hemos dirigido a su despacho y radicado peticiones para solicitar soluciones a la problemática de los servicios públicos de esta inspección, a lo cual a la fecha de hoy no hemos obtenido respuesta favorable; por tal razón esta comunidad en reunión realizada el día de hoy, manifiesta la inconformidad de que se nos tenga en el olvido y marginados los habitantes de Casuarito”.

El documento radicado ante la Administración departamental, y con copia a entidades como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Departamental, Asamblea Departamental, Consejo Municipal y Alcaldía Municipal, es claro en afirmar que de no ser “atienda de manera prioritaria nuestras justas peticiones”, se verían “obligados a acudir a las vías de hecho, como el paro cívico indefinido, protesta que haremos de manera pacífica, para exigir la atención de los gobiernos departamental y local”.

Según conversación sostenida por este medio de comunicación con algunos habitantes de la Inspección, entre las acciones del paro estarían el impedimento de acceso y salida de todo tipo de vehículos o medios de transporte desde y hacia Casuarito, sea por tierra o por el río Orinoco.

De presentarse esa situación, se verían afectados cerca de 300 estudiantes del Colegio Antonia Santos que vienen de la ciudad venezolana de Puerto Ayacucho diariamente. Como esa institución tiene cerca de 450 escolares, es decir que más de la mitad no acudirían a clases, el centro educativo tendría que suspender la actividad académica.

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