El difícil panorama para levantar bloqueo indígena en vía a Puerto Carreño

Hace 10 meses los indígenas del Resguardo Corozal – Tapaojo se tomaron la vía que pasa por la mitad de su territorio, y que conduce de Puerto Gaitán (Meta) a Puerto Carreño. Aunque la decisión de los originarios ha afectado a la población del bajo Vichada, principalmente a quienes viven en los alrededores de Santa Rosalía, ellos se mantienen firmes en su decisión de reclamar presencia del Estado, para solucionar la problemática que según dicen, se provoca por la cada vez mayor cantidad de vehículos que transportan carga para las empresas que han llegado a esa zona del departamento.

Y es que después de casi un año la situación parece no tener una salida tan clara, aunque han tratado de darle solución de varias maneras. Justamente, una de esas soluciones la plantea a medias la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del  Tribunal Superior Judicial de Villavicencio.

Dando respuesta a una Acción de Tutela generada por el señor Guillermo Franco Restrepo contra la alcaldía de Puerto Gaitán, mediante la cual manifiesta que le están siendo vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de locomoción, trabajo, seguridad, medio ambiente y salud pública; el Tribunal de Villavicencio ordena al “ciudadano Miyer Hermes Merchán Catimay en su calidad de Gobernador y/o Capitán Mayor del Resguardo indígena «Corozal Tapaojo» que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, proceda a realizar las labores pertinentes que conlleven al efectivo levantamiento del bloqueo que se presenta por parte de los miembros de las comunidades indígenas que residen en dicho resguardo, sobre el tramo de la vía carreteable que cruza por los territorios que componen dicha reserva indígena, a fin que, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, tal corredor vial se encuentre totalmente despejado y se permita la transitabilidad de dicha carretera al accionante, sin que haya lugar a solicitar ningún tipo de pagos y/o prebendas”, dice textualmente el documento.

Sin embargo, la interpretación que Merchán Catimay y su Resguardo le dan al fallo es que deben permitir el paso únicamente a los vehículos del señor Guillermo Franco. “El fallo ya está en cumplimiento por nuestra parte. Ya están transitando los vehículos del señor… y los demás (vehículos) no hay la posibilidad aun todavía (sic) de su tránsito”, le manifestó el gobernador indígena a EL MORICHAL.

Los indígenas también manifiestan que la vía no hace parte del inventario de vías nacionales del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), por tanto la consideran una vía privada sobre la cual tienen potestad de restringir el paso.

Frente a esta última afirmación, según el fallo del Tribunal de Villavicencio, el INVIAS se pronunció: “el acto legal que incorpore a la red nacional de carreteras los tramos entre el sector La Arepa en el Meta y el Puente Juriepe (Puerto Carreño – Vichada), no se ha dado a la fecha a pesar de que existe el carreteable con su ancho de vía, con obras como alcantarillas y pontones además de señalización vertical que es escasa pero existe”.

 

Ahora, si esta es una vía que no hace parte del inventario nacional de vías, sería una vía terciaria, a cargo del municipio en donde se encuentre ubicada, en este caso, Puerto Gaitán. Sin embargo, está entidad ha manifestado que “ha realizado todas las labores que se encuentran ‘a su alcance para superar tal contingencia, dentro de las que se encuentra la realización de Consejos Extraordinarios de Seguridad, la participación en Mesas de Trabajo Departamentales y la formulación de varias solicitudes y consultas a entidades del orden nacional, tales como el Ministerio del Interior, la ANI y el INVIAS en aras de establecer la naturaleza y/o clasificación de la vía que se encuentra afectada y de esta forma, esclarecer quien es la autoridad competente para negociar con los miembros del resguardo indígena y garantizar su transitabilidad”. Además, desde la Alcaldía también expusieron que «…si la autoridad judicial considera que se debe acceder la pretensión principal (…) se solicita se señale la ruta de acción para no vulnerar con esta acción restrictiva los derechos fundamentales de la comunidad indígena Corozal Tapaojo…».

¿Qué reclaman los indígenas?

En abril de 2017, recién empezado el bloqueo, después de conversar con Merchán, este medio de comunicación  registró que “el problema actual es que por el desarrollo que hace algunos años se presenta en la región se ha incrementado el flujo de vehículos de carga. Como el deterioro de la vía cada vez es mayor, los carros y camiones buscan por las sabanas trochas alternas al terraplén; y eso es lo que reclaman los indígenas, pues afecta las tierras que el Resguardo destina a la ganadería”.

Pero en estos días el mismo gobernador volvió a expresar a EL MORICHAL que lo que buscan es “que se abra un acercamiento o diálogos con las respectivas empresas que están transitando por nuestro territorio, que son más de 20 – 25 empresas”. Según Merchán, este dialogo debe ser propiciado por el Estado, tanto entidades locales como nacionales.

“Estamos cansados de engaños y compromisos falsos. Ahora queremos es que directamente las empresas tengan la disposición de abrir un dialogo con el resguardo, y estamos a la disposición a cualquier hora en tener ese acercamiento y así solucionar todo”, puntualizó el Gobernador indígena.

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