Para la Fiscalía el actuar de Matsuldani es el reflejo de una empresa criminal

En el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntos casos de corrupción en Cumaribo, la entidad emitió un comunicado este 29 de enero en el que manifiesta que para el caso de Ardulfo Romero, ex alcalde de Cumaribo, Leidy Yurani Plazas Barreto, exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Deisy Solano Herrera, subgerente de IPS indígena Matsuldani, y Haider Puertas Lombana, coordinador de esa IPS, tendrán medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual se hará efectiva en la cárcel El Buen Pastor y en el pabellón de funcionarios públicos de la Cárcel Distrital de Varones en la capital del país.

Arnulfo Romero Pardo, alcalde de Cumaribo entre 2011 y 2015, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Del mismo modo, la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Leidy Yurani Plazas Barreto, judicializada por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

También se encuentra la subgerente de IPS indígena Matsuldani, Deisy Solano Herrera, a quien se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación.

Asimismo, el coordinador de esa IPS, Haider Puertas Lombana, procesado por concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad material en documento público.

Según las investigaciones adelantadas por los servidores del CTI de la Fiscalía, fundamentadas en los resultados de las visitas hechas por los delegados de los entes de control y auditorías a las diferentes entidades de salud de Cumaribo, en mayo de 2015, evidenciaron diferentes anomalías en la prestación de los servicios de salud.

Por ejemplo, se hallaron deficiencias en los procesos y programas de gestión administrativa dentro de la institución, por la inadecuada y sospechosa gestión de los recursos destinados a la prestación de los servicios en las vigencias de 2014 y 2015.

El CTI recaudó documentación de usuarios con enmendaduras, tachaduras y listados sin firmas.

Aparecen identificados menores de edad enlistados en otras poblaciones del departamento de Neiva como beneficiarios de programas de nutrición.

Igualmente, el fiscal del caso afirmó, al solicitarle al juez la privación de la libertad, que se detectó la insuficiencia en la capacidad operativa profesional para ejecutar las actividades programadas.

“La utilización de las mismas fotografías en los informes de gestión de los diferentes meses para los resguardos indígenas, así como el uso de fotos que no se encuentran debidamente justificadas respecto a las actividades realizadas”, anotó.

De otro lado, a través de las inspecciones realizadas a la IPS indígena Matsuldani, se reveló que facturaban tarros de leche traídos de Venezuela sin los registros de salubridad del Invíma, y los soportes de la ejecución de programas tenían enmendaduras o no existían.

La Fiscalía indicó que funcionarios entrevistados bajo juramento afirmaron que había almacenamiento inadecuado de medicamentos parasitarios y para el tratamiento de la tuberculosis.

“Los almacenamientos de residuos hospitalarios son inadecuados, los desechos tóxicos están expuestos al público”, testificaron.

Además se evidenció que para las vacunas, las cadenas de frío no se cumplen y algunos lotes de estas vacunas se transportan en lanchas, en termos que no tienen las normas de sanidad y refrigeración.

En consecuencia, para la Fiscalía, es el reflejo de una empresa criminal, al parecer liderada por el señor Fabio Alexis García, representante legal de la IPS Matsuldani y sobre quien pesa una orden de captura emitida por el Juez 81 Penal Municipal de Bogotá con función de garantías, por actos de corrupción en este municipio.

“Todas estas personas ya mencionadas lograron la cooptación del Estado en un andamiaje criminal llevándose los recursos en este municipio”, sostuvo la fiscal delegada en el caso al justificar la medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual se hará efectiva en la cárcel El Buen Pastor y en el pabellón de funcionarios públicos de la Cárcel Distrital de Varones en la capital del país

Foto portada: llegada de los capturados en Cumaribo a Bogotá
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