Gobernación de Guainía pagó casi $400 millones por un dron de ICOPOR

Faltando solo dos días para terminarse el periodo del anterior Gobernador de Guainía, Oscar Armando Rodríguez, quien fue electo para ordenar el gasto entre 2012 – 2015, se firmó un contrato por $398.900.800 para la adquisición “de un Dron de última tecnología para desarrollar labores de inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Guainía”. Pero lo que podría ser un importante proyecto en pro de la seguridad de la ciudadanía terminó reducido a “un posible caso de corrupción”, tal y como lo expuso el noticiero de la Cámara de Representantes en septiembre de este año.

Cuando desde EL MORICHAL empezamos a investigar este caso, que fue expuesto inicialmente por el representante a la Cámara por Guainía Pablo Eladio Alba, lo primero que hicimos fue revisar el Contrato, y al leer las especificaciones técnicas de la aeronave remotamente tripulada, cualquier persona podría pensar que el dron que pretendía comprar la Gobernación fácilmente costaría los $398 millones. Sin embargo, para los expertos la realidad es diferente.

Un ingeniero de la Asociación de Aeronaves Remotamente Tripuladas de Colombia (ARTC) que accedió a hablar con nosotros, pero que prefirió omitir su nombre, nos hizo entender varias cosas. Lo primero es que según las especificaciones técnicas de la aeronave, están hechas a la medida para favorecer un fabricante, porque encontrar una exactamente igual en el mercado, es imposible.

Otro dato que llamo la atención del experto es que el material con el que sería construida la estructura (fuselaje) de la aeronave era “en elapor o poliextileno expandido”, que no es otra cosa que el comúnmente conocido ICOPOR. Y según el ingeniero, “una aeronave construida en ese material se deteriora en aproximadamente 25 ciclos de vuelo (un ciclo de vuelo corresponde a cada vez que el dron es puesto a volar, incluyendo el despegue y aterrizaje)”, o sea un ciclo de vida mínimo.

Además, según el ingeniero de ARTC, una aeronave remotamente tripulada que cumpla misiones de inteligencia debe estar construida con materiales rígidos, debido a que se expone a altos riesgos de accidente. El experto también le aseguró a EL MORICHAL que los drones que actualmente se pueden conseguir en el mercado para desarrollar labores de inteligencia, y con mejores especificaciones técnicas que el adquirido por la Gobernación de Guainía, no superan los 30.000 dólares (unos 90 millones de pesos).

El millonario contrato fue ejecutado por la Unión Temporal Nichinter 2015, conformada por Ricardo José Goyeneche Pardo y Pedro Nel Benavides Hernández. Este medio de comunicación pudo establecer que curiosamente en agosto de 2015 estos dos señores, por medio de la Unión Temporal MNI, firmaron un contrato con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional cuyo objeto era la “Adquisición de los centros de comando y control móviles con sistema de reconocimiento remoto para la seguridad vial”. Pues de manera coincidente, uno de los productos que debían entregar eran dos aeronaves remotamente tripuladas, con especificaciones técnicas casi idénticas a las exigidas por la Gobernación de Guainía, pero valorados en esa ocasión en $230 millones cada uno. Como quien dice, del contrato de la Policía sacaron las condiciones que debía cumplir el dron de la tierra de muchas aguas, pero con un valor superior en $168 millones.

EL MORICHAL conoció que los drones que la Unión Temporal MNI entregó a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, corresponde a los de las imágenes que ilustran este artículo (Imagen 1, imagen 2 e imagen 3). Sin embargo, la Dirección de Tránsito los rechazó porque cuando el interventor los quiso hacer funcionar, estos presentaron fallas técnicas. De hecho, la Dirección de Tránsito de la Policía se vio obligada a declarar “el siniestro de incumpliendo del contrato”, obligando a la Unión Temporal MNI a reembolsar el dinero que había recibido por los dos drones.

En ese orden, se concluye que la Gobernación de Guainía pagó $398 millones por un dron de ICOPOR, semejante al de las fotos. De todas maneras es preciso aclarar que desde EL MORICHAL no se logró hallar el paradero de la aeronave remotamente tripulada que adquirió la Gobernación, y que según información entregada en el Noticiero de la Cámara, la Policía de Guainía lo habría rechazado por el valor tan elevado que se pagó por él. Sería pertinente que desde la Administración departamental se pronunciaran al respecto.

No deja de ser curioso también el hecho de que en los estudios de mercado realizados por la por la Gobernación de Guainía para saber cuánto dinero debía destinar a la compra del dron, haya consultado tres empresas: Nicolls Tactical y MIN Technology que parecen ser inexistentes, ya que no hay rastros de ellas por ningún lado; e Interamericana LTDA, cuyo representante legal es el señor Ricardo José Goyeneche Pardo.

Para finalizar es importante aclarar que si bien el contrato se firmó el 29 de diciembre de 2015, el 27 de abril de 2016 el supervisor del proceso contractual concluyó que “el contratista cumplió con las actividades de acuerdo al objeto” del contrato.  El mismo fue liquidado el seis de septiembre de 2016 por el actual gobernador de Guainía, Javier Zapata.

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