Editorial: ¿Funcionan realmente las contralorías departamentales?

En los últimos años los escándalos de corrupción están de moda. Un robo más grande que el anterior al erario público nos hace dimensionar que ese parece ser un flagelo sin fin en nuestro país.

Pero más preocupante es el caso de que quienes deben cuidar los recursos públicos están con un riesgo muy alto de corrupción. Se trata de las contralorías departamentales y municipales, que según un informe de la Corporación Transparencia Por Colombia, entre 2015  – 2016 estas entidades presentaron riesgo alto y muy alto de ser permeadas por los corruptos.

En ese mismo orden es que el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, desde que asumió el cargo, ha manifestado que las contralorías departamentales deberían acabarse. En una entrevista realizada por El Tiempo, en noviembre del año pasado, Maya Villazón dijo que “en ningún país serio del mundo existen 63 contralorías haciendo cada una lo que quiere”; y en un editorial del periódico El Colombiano en enero de este año precisaron: “decía Maya Villazón en marzo del año pasado: ‘(Acabar con las contralorías) es algo que beneficia al país y se puede hacer. Las contralorías se volvieron un nido de extorsión a nivel local, es decir, te investigo o no te investigo a cambio de un cobro. Que me perdonen los funcionarios, pero hay problemas’”.

Ese mismo editorial de El Colombiano describe algo interesante, “sería necesario que las contralorías ofrecieran un balance público de cuánto cuesta su sostenimiento (nóminas formales, nóminas paralelas y contratistas externos) y cuántos de los recursos públicos malversados logran recuperar efectivamente. No es que digan cuántos procesos de responsabilidad fiscal inician, sino cuántos concluyen y cuánto dinero recuperan. Al fin y al cabo, ese es uno de sus objetivos primordiales. Pero el resultado con seguridad será vergonzoso”.

Para el caso de Vichada, uno se pregunta cuál es el papel de la Contraloría. – Desde este mismo medio de comunicación hemos expuesto, por ejemplo, como en El Viento (Cumaribo) un proyecto para arreglar el puesto de salud que duraría 3 meses lleva casi dos años de retraso, y sigue sin entregarse. Otro caso tiene que ver con el CINER (Puerto Carreño) que con una millonaria inversión aún no se sepa con claridad cuál va a ser la funcionalidad de esta mega obra -. Y respecto a casos como estos la entidad no genera siquiera un pronunciamiento.

Lo que sí sabemos es que anualmente solo el pago de personal de la Contraloría departamental (9 empelados incluyendo el contralor), sin contar demás gastos administrativos, en promedio le cuesta a los vichadenses $326.438.688 millones.

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