EDITORIAL: Las excusas de Colombia Agro para no responder por daños ambientales

Hace algunos días el diario El Espectador publicó un artículo de investigación llamado ‘El dilema de una multinacional’, donde se expone un caso judicial “por supuesto daño a los recursos naturales y contaminación” que involucra a la compañía estadounidense Colombia Agro y un pequeño finquero, vecino de la poderosa empresa.

“Según registros oficiales, el litigio se originó por una denuncia presentada el 19 de junio de 2013 por Manuel Horacio Álvarez Marulanda, propietario de la finca El Banco, también ubicada en el municipio de Cumaribo y vecino de los terrenos de la multinacional Colombia Agro.”, describe El Espectador.

En el artículo del diario bogotano también se puede leer que “El denunciante Álvarez Marulanda les manifestó por escrito a las autoridades que personas contratadas por Colombia Agro asperjaron el químico Paraquat en varias hectáreas de la región generando daños ambientales, contaminación de ríos y riachuelos de la zona y afectando varias fincas vecinas de los terrenos de la multinacional. El Paraquat es un herbicida que se utiliza para el control de la maleza y, según las normas ambientales, sólo se puede aplicar mediante fumigación manual”.

Hasta ahí parece no haber ningún problema, podría pasar como una confrontación más entre vecinos. Sin embargo, hay un suceso que seguramente despertará la indignación en más de un Vichadense.

La fiscal encargada del caso es Mónica Montero y cito a las partes involucradas en el litigio a una audiencia que se realizará en el municipio de Cumaribo. Los defensores de la multinacional  manifestaron su descontento frente a la decisión porque, según el texto de El Espectador, “llevar a funcionarios colombianos, de Estados Unidos y de Argentina a audiencias en Cumaribo constituye un gran riesgo”. Razón por la cual, “El penalista Fabio Humar radicó, el 28 de abril, un oficio en la Fiscalía General. Argumentó la petición por llevarse a cabo en Cumaribo, zona de difícil acceso, con presencia de grupos armados, por la seguridad de funcionarios de Colombia Agro, algunos de ellos extranjeros y por la crisis humanitaria de la región”.

Lo incompresible de estos argumentos, y que de paso generan indignación, es que la empresa lleva al menos una década explotando más 50 mil hectáreas en la región, y solo ahora, cuando deben responder por daños ambientales, es que sienten que Cumaribo es peligroso, inseguro y de difícil acceso.

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