“Recién aprobada Ley Zidres es poner al campesinado en el juego de la gallina y el zorro”: Senador Jorge Enrique Robledo.

Entrevista: Diego Reyes Prieto

A finales de enero de este año el Gobierno Nacional sancionó la ley que busca establecer las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres).  Dicho proyecto busca beneficiar a miles de campesinos colombianos sin tierra para adelantar proyectos productivos y promover la inversión de capital en el agro nacional, rediseñando las reglas para el uso, la tenencia y la acumulación de las tierras en la zona de la Orinoquia y la Altillanura colombiana.

En principio la iniciativa parece ser buena, no obstante hay voces que afirman que es una Ley engañosa. Los detractores del gobierno auguran una mala utilización de la Ley, ya que con este proyecto empresas como Cargill y Riopaila Castilla podrían legalizar más de 80.000 hectáreas, que al parecer fueron adquiridas bajo la ilegalidad.

Uno de los casos más sonados fue el del ingenio Riopaila Castilla S.A. quien estuvo en litigio con el INCODER  por la adquisición de unos terrenos en los municipios de La Primavera y Santa Rosalía, en el departamento de Vichada. Sin embargo, un reciente fallo del Tribunal Superior de Cali,  en sentencia de última instancia, estipuló que Riopaila Castilla “no vulneró el interés y derecho colectivo al patrimonio público. En conversaciones con este Periódico directivos del ingenio Riopaila afirmaron que están fuera de cualquier irregularidad y que iniciarán un proyecto productivo para la construcción de una planta extractora de aceite de palma en el departamento de Vichada”.

Para el Senador de la República Jorge Enrique Robledo, la Ley Zidres: «despoja a los campesinos de sus derechos sobre baldíos». Y en varias discusiones sobre el tema Robledo ha afirmado que es el peor modelo agrario que se haya hecho en Colombia, el cual busca legalizar “ilegalidades” de las transnacionales.

EL MORICHAL conversó con Jorge Enrique Robledo sobre los “pro” y  los “contra” de la Ley Zidres.

DIEGO REYES: Senador Robledo cuáles son los fundamentos de la Ley Zidres aprobada recientemente…

JORGE ROBLEDO: El gobierno nacional de manera inconstitucional va a escoger unas zonas del país en donde se va a aplicar una normativa especial. Ellos dicen que con el fin de desarrollar allí proyectos agropecuarios. Estamos hablando de 50 mil o 100 mil hectáreas. Esta estrategia es una especie de definición territorial, que se hace pasándose por la faja a los gobernadores, alcaldes, Asambleas Departamentales y Consejos Municipales; lo cual lo hace inconstitucional y es demandable ante la Corte Constitucional. Además esas áreas que se van a determinar tienen como propósito esconder dentro de ellas ilegalidades de acumulación de tierras que fueron baldíos. Son las mismas sobre las que hubo ese escándalo tan grande con el embajador en Washington Carlos Urrutia quien tuvo que renunciar por esas ilegalidades.

D.R.: A quién realmente beneficia esta Ley, ¿al finquero campesino o al empresario?

J.R.: Esta Ley tiene un hecho gravísimo, porque despoja al campesinado de los derechos que la Constitución les otorga sobre los baldíos del Estado colombiano. Hoy las normas dicen que solo la gente muy pobre puede ser beneficiada con la adjudicación de un baldío. Entonces esta ley permitirá entregar las tierras baldías del Estado a cualquier magnate nacional o extranjero y entregarle cualquier número de hectáreas. Con todo esto, podemos calificar a la Ley Zidres como la peor ley agraria de la historia de Colombia.

D.R.: Entonces, por lo que nos explica,  esta Ley será en beneficio de grandes empresas que tienen intereses económicos en la altillanura colombiana…

J.R.: La Ley Zidres no mejora la situación de una cantidad inmensa de llaneros tradicionales que tienen problemas con sus títulos. Pero esta Ley si apunta a convertir a los llaneros en siervos de los operadores de las zidres que monten esas áreas especiales. Luego aquí también hay una política de extranjerización de las tierras rurales. Sería muy lamentable que por ejemplo el día de mañana todo el departamento del Vichada sea de los extranjeros. Aquí hay un problema de soberanía nacional.

Y para ocultar todos estos abusos que estoy mencionando se inventan el cuento que la ley se hará con los pobres del campo. Pero lo que está pasando aquí es la creación de falsas asociaciones que funcionan como negocio de «zorras y gallinas»; donde las gallinas, que son la parte débil de esa ecuación, no tienen ninguna posibilidad.

D.R.: ¿Cuál sería el modo agrario ideal para un departamento como El Vichada?

J.R.: Nosotros hemos sostenido que el desarrollo de la Altillanura debe ser democrático. Es decir; contrario a lo “plutocrático” que propone el Gobierno Nacional, el cual afirma que en esa región no se pueden desarrollar sino proyectos de 50 mil o 100 mil hectáreas, y eso ¡no es cierto! Es verdad que allí hay unas particularidades que dificulta las cosas, pero no puede haber desarrollo únicamente por cuenta de magnates. De Villavicencio al llano adentro se pueden encontrar personas que no son dueños de haciendas descomunales y que han venido haciendo cosas muy interesantes. Nosotros promulgamos que el desarrollo de un departamento no puede ser solo para los que han calificado como  “los nuevos llaneros”, que son una gente llevada desde afuera para que se quede con los llanos orientales. La gente de los llanos debe participar en el desarrollo de su región, ellos son los que han vivido 30 o 40 años en esos lugares y han construido con esfuerzo esos pueblos.

Además, a mí juicio el desarrollo debe ser cuidadoso con el medio ambiente. En el Vichada hay zonas de tierras muy frágiles que si se maltratan se acaban y terminan convertidas en desiertos. Además el desarrollo debe ser paulatino, por etapas. Yo he oído a algunas personas que afirman que hay que cultivar en la zona de la frontera con Venezuela. No se puede ser competitivo en Colombia en el mercado si se produce a mil kilómetros de Bogotá.

El Gobierno habla de asociar a los magnates con los pequeños y medianos empresarios, sin embargo esto son asociaciones obligadas. Pero estas asociaciones, que deberían ser  democráticas, son impuestas a la “brava”. Entonces se le dice a la parte débil de la asociación que si no cooperan con las grandes multinacionales no tendrán desarrollo. Por ejemplo, en esas asociaciones todo el riesgo agrario le corresponde al débil. El campesino que arriesga su tierra y es el que termina arruinado y el poderoso no.

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